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La familia de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, exigió este martes la pena máxima de cárcel, 25 años, para Roberto David Castillo, coautor de este crimen, y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato.

"De parte de las víctimas estamos exigiendo la máxima pena que está establecida según los hechos que han sido probados y los agravantes", dijo Bertha Zúñiga, hija de la ambientalista, luego de concluir la audiencia de determinación de sentencia, a la que dio seguimiento, de forma virtual, la Unión Europea y sus Estados miembros acreditados en el país centroamericano.

El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de entre 20 a 25 años de cárcel, según el Código Penal.

La misma pena fue solicitada por el Ministerio Público de Honduras y los abogados de la familia de la activista, mientras que la defensa de Castillo pidió la sentencia mínima de cárcel, 20 años, aunque la pena concreta no se conocerá hasta septiembre, según el Tribunal de Sentencia.

El Ministerio Público también pidió la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena.

Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue declarado culpable el pasado 5 de junio por el Tribunal de Sentencia como coautor del asesinato de Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993.

ENJUICIAR A AUTORES INTELECTUALES

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

La activista estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.

La hija de la ambientalista lenca, asesinada por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, solicitó al Tribunal de Sentencia que emita su sentencia "en el marco de los tiempos procesales establecidos, que son 30 días hábiles a partir de la fecha, ya que los tribunales han tenido la práctica de extenderse sobre este tema".

"Además, estamos exigiendo el enjuiciamiento de los autores intelectuales, miembros de la familia Átala Zablah, que a pesar de las investigaciones y todos los procesos judiciales que han comprobado su participación siguen sin ser enjuiciados", subrayó Zúñiga.

MOTIVOS RACISTAS Y DE IDEOLOGÍA

El COPINH indicó en Twitter que el asesinato de Berta Cáceres "es un crimen contra la humanidad" y Castillo, un militar hondureño entrenado en la Academia Wet Point de Estados Unidos, "actuó con agravantes que el Código Penal explicita".

La organización hondureña también exigió que "se capture y procese a los autores intelectuales" del asesinato de la defensora de los derechos de la etnia lenca.

El crimen de la activista fue perpetrado por "una estructura criminal empresarial y una estructura militar de las cuales era miembro el condenado David Castillo", señalaron los abogados de la familia de Cáceres.

"(Roberto) David Castillo no conformó la estructura sicaria que ingreso a la casa para asesinar a Berta Cáceres (...), (pero) fue declarado culpable porque fue quien planificó, coordinó y monitoreó el asesinato", afirmaron.

El equipo fiscal del Ministerio Público indicó que el condenado simuló tener una amistad con Berta Cáceres para "obtener información propicia" de la víctima.

Afirmó que el crimen de Cáceres se "cometió por motivos racistas y de ideología" de la activista, y por oponerse a la hidroeléctrica que DESA pretendía construir sobre el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente.

En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.