EFESantiago de Chile

Una comisión del Senado chileno aprobó este lunes un proyecto de ley que busca conceder indultos a todos los detenidos durante la grave ola de protestas iniciada en octubre de 2019, pese a que el presidente Sebastián Piñera anunció que vetará la iniciativa en caso de aprobarse.

Con 3 votos a favor y 3 en contra, el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores opositores deberá ser discutido también en las Comisiones de Seguridad y Constitución para continuar su trámite legislativo.

Con esta propuesta, argumentó la senadora demócrata-cristiana Yasna Provoste, "se abre una discusión indispensable" respecto a la situación de las personas detenidas, "en cuyos procesos se han demorado más de un año, sin que avancen mínimamente".

Por su parte, el senador del izquierdista Frente Amplio Juan Ignacio Latorre aseguró que el proyecto tiene "un carácter humanitario", enfatizando que "la respuesta a las personas que se movilizan no puede ser solo la cárcel".

Con uno de los votos en contra, el senador oficialista Iván Moreira argumentó que se trata de una iniciativa "grave y sesgada", cuyo objetivo "es darle impunidad a la izquierda y al lumpen donde se destruyó todo" durante el estallido social.

El proyecto de ley busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena a quienes hayan sido apresados desde el 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del documento, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones, con excepción de procesados por delitos terroristas.

Si bien la iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena, "se ha vivido un proceso distorsionado" en estos casos debido a "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".

Diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, de familiares y también instituciones del Estado participaron en la Comisión de Derechos Humanos en las semanas previas a la votación.

El fiscal nacional, Jorge Abbot, cuestionó el pasado 4 de enero los alcances de la propuesta legislativa, señalando que "es un precedente extremadamente grave" que "agravia a una institución que ha hecho bien su trabajo".

Luego de que Piñera adelantó que vetará la ley en caso de aprobarse, múltiples organizaciones de derechos humanos emitieron una declaración pública rechazando lo que a su juicio es "una grave intromisión" en las funciones de un poder del Estado.

Hasta hoy, cientos de personas se concentran todos los viernes en el centro de la capital para exigir la libertad de los presos y cambios en las medidas cautelares, además de celeridad en los procesos judiciales y más visitas.

Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos, mutilados oculares y miles de heridos, además de señalamiento por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad y episodios de violencia.

Según datos del Ministerio Público, la Fiscalía formalizó hasta el pasado octubre a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas, de los cuales 2.180 pasaron a prisión preventiva.

La Corte Suprema de Justicia informó a principios de enero que solo 26 manifestantes siguen en prisión preventiva más de un año después del inicio de la crisis y que el tiempo promedio de esta medida cautelar fue de 318 días.