EFEGuatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) advirtió este jueves que el país centroamericano cerró 2018 con un nivel de impunidad de más del 97 por ciento.

El informe "Una mirada a la justicia y al Estado de Guatemala", presentado en la sede de la Cicig con un mensaje de bienvenida del jefe del ente que está fuera del país, el abogado colombiano Iván Velásquez, buscaba rendir resultados de las últimas actividades del organismo, cuyo mandato vence el próximo 3 de septiembre.

"Desde 2015 la Comisión se convirtió en uno de los actores más relevantes del acontecer político del país", declaró Velásquez, y por ello agregó que se buscó proponer reformas para mejorar el sistema judicial de Guatemala, que mantuvo en 2018 un nivel de impunidad del 97,61 por ciento, con 217.561 casos remitidos en ese mismo periodo.

El comisionado, quien está fuera del país desde septiembre del año pasado porque el Gobierno de Guatemala le impide la entrada por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, dijo que esas propuestas buscan ser "oportunas" para mejorar el sistema con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la cooperación alemana.

La impunidad, que en 2015 se había reducido hasta el 92,40 por ciento, fue subiendo desde esa fecha hasta alcanzar el pico actual, dejando en los últimos 10 años (2008-2018) un promedio de impunidad del 94.32 por ciento.

Por tipos de delito, la impunidad es más elevada en la corrupción (98,75), seguida del de robo (97,45), violencia contra la mujer (97,05), extorsión (95,03), celulares (94,89) o delitos contra la vida (94,16 por ciento).

El comisionado, que mostró su deseo de lograr un país incluyente que combata a los aparatos clandestinos que han tenido capturado al Estado de Guatemala "durante décadas", siguió la presentación del informe por completo por videoconferencia.

Tomando en cuenta la incidencia delictiva, que supera los 300.000 casos por año, la mora en el Ministerio Público que sigue superando el millón de casos, los índices de eficiencia y eficacia de las instituciones de justicia, el recurso humanos y los presupuestos actuales abogan por un cambio.

En este sentido, proponen un sistema integrado de justicia para luchar contra "la debilidad de los sistemas de carrera profesional" que hacen a las instituciones de justicia vulnerables ante cualquier ataque a su independencia e imparcialidad, el crecimiento "desigual e incoherente de las instituciones de justicia" o "la falta de un presupuesto adecuado y una eficiente gestión del gasto".

Este modelo, en el que están incluidos 6 investigadores de la División de Investigaciones Criminalistas, 9 de la Policía, 1 juez de primera instancia y un juez de paz para los delitos cuya pena sea inferior a un año, establece que a cada juez de primera instancia le corresponde "como mínimo" un defensor público.

Además propone crear una Unidad de Investigación de Delito (1 agente fiscal, 1 agente fiscal litigante y 3 auxiliares fiscales), una Unidad de Decisión Temprana (1 agente fiscal y 2 auxiliares) y una oficina de atención permanente (2 fiscales), estimando que cada auxiliar podría gestionar "eficazmente" un centenar de casos por año.

Los estándares internacionales, menciona el informe, recomiendan que un país debe tener entre 10 o 17 jueces por cada 100.000 habitantes, pero Guatemala tiene 6,6, muy por debajo de países como Brasil (7,7), Bolivia (9,8), España (9,9), Francia (10,1), Colombia (10,4), Portugal (16,9) o Suecia (17,9).

Para acabar con esta situación proponen un "modelo de gestión interinstitucional" que mejore la incidencia y la eficacia, la tasa de incidencia delictiva, la eficiencia del sistema de justicia, la impunidad, el desempeño del sistema de justicia, los recursos humanos o la duración de los casos.

Y es que según detalla el documento este modelo permitiría tener "congruencia y armonía con otras políticas que en conjunto deben responder a una sola necesidad de la población sobrepasando intereses de gobierno y convirtiéndose en interés de Estado".

A principios de este año, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decidió de forma unilateral dar por terminado el mandato de la Comisión, aunque esta sigue en activo hasta que el próximo 3 de septiembre venza el periodo de su última renovación.