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El Movimiento Social Pri Laka, de origen miskito, denunció este viernes en Nicaragua que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha establecido "autoridades comunitarias paralelas", para incrementar la invasión de territorios indígenas.

"Estamos denunciando la imposición de autoridades comunitarias paralelas y la invasión de tierras, tenemos por ley territorios indígenas titulados y reconocidos por el Estado, sin embargo y terratenientes del Frente, están invadiendo con armas", dijo a Efe el miembro de Pri Laka, Marks Rivas.

La denuncia se da en medio de una profunda crisis sociopolítica, en la que una aparente mayoría de nicaragüenses reclama al presidente Daniel Ortega por la muerte, arresto y desaparición de cientos de personas en protestas antigubernamentales desde 2018.

Rivas recordó que las invasiones de tierras indígenas datan de hace unos 15 años, sin embargo afirmó que desde la primera reelección de Ortega en su segundo periodo como presidente (noviembre de 2011), estas se volvieron violentas, y que desde 2017 el FSLN ocupa "autoridades paralelas" para ejecutar expropiaciones.

"En las comunidades elegimos autoridades mediante asambleas comunales, pero si estas no pertenecen al FSLN, el partido inmediatamente hace asambleas con pocas familias y nombran a otras personas, con armas, que después entregan avales para presencia de terceros en nuestros territorios", sostuvo Rivas.

Según el Movimiento Social Pri Laka (libertad, en lengua miskita), al menos 140 comunidades indígenas con un promedio de 300 habitantes han sido invadidas desde 2015, tanto en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN) como en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), en el este de Nicaragua.

El movimiento miskito sostiene que en este periodo unos 32 líderes indígenas han sido asesinados, 28 desaparecieron, y dos comunidades, Polo Paiwas y Wilus, fueron incendiadas hasta dejarlas inhabitables.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que aceptó el caso en septiembre de 2018, la invasión "ha generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3.000 personas de estas comunidades, abandonando con ello sus formas tradicionales de vida y su contacto con el territorio ancestral".

"Por seguridad nosotros los hombres escapamos para un lado y las mujeres, con los niños, a otros lugares, a las cabeceras departamentales o a Honduras, muchas veces no se recupera el contacto con la familia", sostuvo Rivas.

Aunque la CorteIDH otorgó medidas de protección a favor de las comunidades e instó al Gobierno en tomar acciones para evitar violaciones de derechos de los indígenas, los líderes comunitarios sostienen que la situación empeora.

"Antes se hablaba de pocas familias que invadían, ahora son cientos, desde que el FSLN ha asumido el total de las autoridades", insistió Rivas.

La crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organizaciones locales suman hasta 595, y el Gobierno admite 200.

El Gobierno de Nicaragua ha rechazado dos veces en menos de una semana el ingreso al país de una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para encontrar una solución pacífica a la crisis.