EFEMedellín (Colombia)

La Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín entregó este miércoles a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia la primera parte de un informe que recoge "información de contexto" sobre desplazamiento forzado intraurbano en esa ciudad del noroeste del país.

En la Casa de la Memoria y entre elementos simbólicos, como flores, velas y fotografías, se llevó a cabo la presentación del documento 'Medellín frente al desplazamiento forzado intraurbano: una ciudad de contrastes', elaborado por más de 20 víctimas del conflicto armado colombiano.

"Esperamos que este informe sea tenido en cuenta para que inicialmente la JEP pueda llamar a los diferentes actores y ellos digan la verdad sobre lo que ha sucedido en Medellín", expresó a Efe Luz Elena Galeano, integrante de la mesa y presidenta de la organización Mujeres Caminando por la Verdad.

Reveló que la construcción del informe inició en 2019 con el propósito de visibilizar este flagelo, que aún no ha sido "plenamente reconocido".

"No le han prestado atención, pero el desplazamiento forzado intraurbano en Medellín ha sido algo masivo y sistemático", afirmó Galeano, quien encabezó la presentación de la investigación junto a Anaidalyt Delgado, coordinadora de la mesa municipal.

CIUDAD DE CONTRASTES

Estas dos mujeres, que encarnan la lucha de miles de víctimas por la verdad, la justicia y la no repetición, enfatizaron en que la segunda ciudad en importancia de Colombia vive entre "fuertes contrastes", de los que darán cuenta en las tres entregas que tendrá el informe.

En la primera parte, según explicaron, se concentraron en suministrar a la JEP "información de contexto", mientras que en la segunda, que planean presentar en septiembre de este año, abordarán el tema de los actores y el impacto de este tipo de desplazamiento.

Delgado subrayó en su intervención que en Medellín residen ciudadanos del 70 % de los municipios del país y, en relación a su número de habitantes, está catalogada como la ciudad "más receptora" de víctimas del país, por encima de Bogotá.

"Ahí está el contraste, acá está lo mejor y lo peor que puede habitar nuestra realidad como colombianos", afirmó la coordinadora, y detalló que en esas páginas cuentan "una ciudad que nos duele y que queremos transformar".

AVANCE INVALUABLE

El documento quedó en las manos de la magistrada de la JEP - tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC- María del Pilar Valencia, quien reiteró que en esta urbe están "reflejados" hechos victimizantes presentes en otras regiones del territorio nacional.

La togada precisó que la parte "más sustancial" del informe es la que está por presentarse, al considerar que concentrará los hechos más relevantes y representativos, entre ellos "datos que ayuden a identificar a los responsables".

Para la jefa de la suboficina Antioquia-Chocó de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), Elisa Carlaccini, este informe constituye un "avance invaluable" y lo consideró como una "gran apuesta" para lograr la paz territorial en los barrios y las comunas de Medellín.

"Lo que pasa en la ciudad es bastante alarmante y la entrega de este informe nos va a dar luces y matices para poder entender este fenómeno", enunció Carlaccini.

DELITO INVISIBILIZADO

Para Catalina Cruz, representante de la Comisión de la Verdad, este informe aborda un tema "crucial" para Medellín, al poner el foco en uno de los delitos "más invisibilizados, incluso naturalizado por la institucionalidad y la sociedad".

"Nos recuerda que el conflicto armado no solo sucedió en las zonas rurales. Nos dice que esta ciudad tiene unas preguntas y unas reflexiones pendientes", afirmó Cruz, quien intervino virtualmente.

El personero de Medellín, William Vivas, por su parte, consideró que esta investigación mostrará cuáles son las dinámicas que genera este desplazamiento que tiene en la ciudad un comportamiento "sistemático" y "persistente".

Aseguró, además, que este delito "muta y ya los actores armados utilizan distintas metodologías para apropiarse de territorios y desarraigar a las personas".

El Sistema de Información de la Personería de Medellín (SIP) ha recibido este año 220 declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano, cifra que supera la presentada en el mismo periodo en 2020, cuando se registraron 146 declaraciones.