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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU condenaron hoy la violencia en Nicaragua, que solo el pasado fin de semana causó unos 20 muertos, y pidieron el desarme "urgente" de los grupos "progubernamentales".

La CIDH y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron en un comunicado que "condenan enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de Nicaragua este fin de semana, que han dejado alrededor de 20 personas fallecidas, entre ellas, al menos dos policías, y decenas de heridos".

"Asimismo, la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado reiteran el llamado al desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales", indicaron los organismos, en referencia a los grupos parapoliciales, paramilitares y fuerzas de choque oficialistas.

Rechazaron, además, "la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de diálogo nacional" entre el Gobierno y representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo es superar la crisis que ha dejado más de 300 muertos en menos de tres meses.

La CIDH y ACNUDH recordaron al Gobierno de Nicaragua "sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", entre ellas que "el Estado es responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población".

"Cualquier operativo que lleven a cabo las fuerzas de seguridad debe ajustarse al uso razonable y proporcional de la fuerza", agregaron.

La CIDH y ACNUDH alegaron que el "Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos, y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos".

También repudiaron "enfáticamente" las agresiones físicas y verbales del lunes contra varios líderes de la Iglesia católica, entre ellos el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag, y periodistas locales en la ciudad de Diriamba.

Además "alertaron" de la "campaña de estigmatización" sufrida por la Iglesia Católica por "sus labores de protección a la integridad física de las personas manifestantes" y por su rol de mediadores en el diálogo.

En su declaración exhortaron al Gobierno del presidente Daniel Ortega "a que se abstenga de hacer declaraciones públicas" contra los defensores de los derechos humanos, ya que esto puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones.

Con más de 320 muertos en menos de tres meses, de acuerdo con cifras de organismos humanitarios locales, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.