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La Defensoría del Pueblo de Perú solicitó este jueves al Gobierno que descarte la presentación de un polémico proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal y que, según la institución, afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.

A través de un comunicado, la Defensoría expresó su preocupación ante el anuncio de una iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo ante el Congreso que plantea sancionar a quien revele información sobre investigaciones fiscales.

"Esta propuesta busca inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía", sostuvo el organismo, que calificó de "irrazonable" la eventual aprobación de una ley penal que afecte los derechos aludidos.

Agregó que "resulta indispensable asegurar condiciones mínimas que permitan a la prensa ejercer su labor a cabalidad" y que "tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que se criminaliza la divulgación de información fiscal".

Ese proyecto, insistió, "amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público".

"Si bien la norma establece que toda investigación fiscal es de carácter reservado, ello debe ser ponderado en función a los principios y derechos que son la base de un sistema constitucional democrático, como los principios de transparencia y de máxima publicidad de las actuaciones del Estado, así como también de las libertades de expresión e información", apostilló la Defensoría.

El último viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno había enviado al Parlamento esta iniciativa legislativa que penalizaría a funcionarios públicos que revelen información de procesos judiciales a terceros.

Torres detalló que la propuesta busca terminar "esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada" y sancionarla hasta con cuatro años de cárcel.

El anuncio atizó la polémica desde un inicio y fue criticado por varios sectores periodísticos del país, que cuestionaron que la iniciativa surja en un contexto en que la Fiscalía y el Congreso investigan al presidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con el actual régimen que están prófugos de la Justicia.

En ese sentido, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó que el proyecto busca "blindar a quienes hoy están involucrados en presuntos casos de corrupción" y pidió al Parlamento "no sumarse al juego" y frenar "esta medida oscurantista".

"Se quieren ocultar presuntos delitos y se quiere proteger al primer funcionario público de la nación que es el presidente", coincidió en declaraciones a la emisora RPP el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Gustavo Gómez.

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, calificó de "inconstitucional" la propuesta del Gobierno, que interpreta como un "intento de colocar una venda en los ojos de la sociedad a través de la prensa".

"Es una ley mordaza, es una ley con nombre propio. Es un proyecto de ley que esperamos que el Congreso no legisle", concluyó Burgos en diálogo con la misma emisora.