Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia suspendió este lunes un decreto del presidente Jair Bolsonaro mediante el cual se transfieren las decisiones de demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, un tema que había generado la protesta de varias tribus en Brasil.

La decisión, de carácter provisional, fue tomada por el magistrado Luis Alberto Barroso, luego que la semana pasada el mandatario ultraderechista decidiera regresar nuevamente el tema de la demarcación de tierras indígenas a la cartera de Agricultura, un tema que ya había sido desvirtuado por el Congreso y que Bolsonaro volvió a poner en el ruedo.

Durante sus primeros días de Gobierno, Bolsonaro firmó un polémico decreto que facilitaba el uso de tierras indígenas para actividades del agronegocio.

El decreto otorgaba la función de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas al Ministerio de Agricultura, comandado por Tereza Cristina Correa, una hacendada que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso.

Esta responsabilidad estaba anteriormente en manos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad encargada de las políticas indígenas vinculada al Ministerio de Justicia.

Para que el decreto firmado por el presidente se convirtiera en ley tenía que ser aprobado por el Congreso, pero este regresó las funciones de demarcación a la Funai.

Bolsonaro, no contento con la decisión del Congreso, sacó un nuevo decreto la semana pasada, alterando la decisión del legislativo y regresando nuevamente el tema a la cartera de Agricultura.

La decisión tomada este lunes por el magistrado Barroso regresó provisionalmente el tema de la demarcación de tierras indígenas a la Funai, pero necesita de la aprobación del pleno del Supremo para que sea completamente efectiva.

Por esta razón el magistrado solicitó al pleno de la Corte la revisión urgente del caso, para lo que pidió que sea analizado este mismo martes.

La Presidencia de Brasil está de acuerdo en que el tema debe ser revisado a la brevedad.

Según un comunicado divulgado por la Abogacía General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués), oficina encargada de los asuntos jurídicos del Gobierno, el tema debe ser atendido con urgencia por el Supremo, para lo que solicitó "prioridad" en la agenda de la Corte.