EFEGuatemala

Un total de 5.635 menores de edad fueron víctimas de maltrato o violencia sexual durante 2017, según reveló hoy el Informe Anual Circunstanciado de la Procuraduría de Derechos Humanos, publicado cada año.

Tomando como base los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la magistratura de conciencia denunció que el año pasado 540 niños sufrieron maltrato (285 las niñas y 255 los varones), mientras que la cifra en adolescentes fue de 519 (300 en mujeres y 219 en hombres).

Estos datos "alarmantes" muestran "que se mantiene la tendencia", tomando en consideración "su particular indefensión física", pues en 2016 la cifra de niños (de 0 a 12 años) fue de 528, mientras que la de adolescentes era de 594.

Algunos de los factores "de riesgo" que la Procuraduría toma en cuenta a la hora de analizar estas cifras, "sin criminalizar la pobreza", son que los padres hayan sido víctimas también durante su infancia, que consuma drogas o abusen del alcohol, que vivan en áreas con "altas tasas de desempleo" o con normas culturales que "celebren la violencia".

"Las consecuencias del maltrato pueden durar toda la vida", dice el informe, que advierte del inicio de "un círculo vicioso" en el que la víctima puede llegar a ser agresor en su vida adulta, por lo que las consecuencias del maltrato infantil pueden ser "intergeneracionales".

En cuanto al abuso sexual, "una de las peores formas de violencia contra la niñez y la adolescencia", la Procuraduría cifra en 1.718 los niños víctimas en 2017 (1.364 en féminas y 354 en varones), mientras que el dato se eleva a 2.858 en el caso de adolescentes (2.748 en mujeres y 110 en hombres).

La cifra de embarazos en niñas y adolescentes también es "dramática", pues hasta el 7 de octubre se registraron un total de 40.683 embarazos en niñas entre 10 y 17 años, por lo que la Procuraduría hizo un llamado al Estado para velar por los derechos de los menores de edad, además de promover reformas para tipificar las formas de violencia y reforzar la investigación.

A juicio de la institución, uno de los casos que puso de manifiesto la indefensión de este colectivo fue el incendio que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quemó vivas a 41 menores en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Sobre esta tragedia, por la que varios funcionarios enfrentarán un juicio y otros están procesados, la magistratura de conciencia denuncia la falta de datos "consolidados y exactos" sobre los niños que estaban en esa casa hogar y pidió continuar con el proceso para desinstitucionalizar a los pequeños.

"Los indicadores del derecho a la vida, integridad e indemnidad personal de los niños y adolescentes evidencia las serias deficiencias en el sistema de protección integral. Dichas falencias inician desde el núcleo familiar, por métodos de crianza que son socialmente aceptados y el silencio cómplice de la sociedad", advierte el escrito.