EFESan Salvador

La esperanza de Mayra es que sus dos hijos, detenidos bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador para combatir a las pandillas y cuya inocencia defiende, regresen vivos y no engrosen la lista de fallecidos bajo custodia policial.

Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo de Nayib Bukele.

El país se acerca a los tres meses bajo esta medida y las autoridades registran casi 42.000 detenciones y solo el 1 %, según ha dicho el mandatario, serían arrestos por "error".

Cerca de un mes después de la captura de Juan y José Orellana, su madre, Mayra Orellana, relata a Efe las circunstancias de las detenciones y del proceso judicial.

DE LA ESPERANZA A LA "MUERTE LENTA"

Los hermanos Juan y José Orellana fueron detenidos el 5 de junio pasado en una populosa comunidad de San Salvador, capital de El Salvador, llamada Iberia.

"Si yo no tenía temor por el régimen (de excepción), era porque ellos son buenos muchachos", dijo la madre a Efe y señaló que, al contrario, uno de sus hijos veía con esperanza que la medida contra las pandillas les permitiera trabajar con su emprendimiento artístico en diferentes zonas del país sin temor a estas bandas.

Juan (24) es un promotor artístico y dueño de un grupo de batucada, en el que también toca y diseña los vestuarios. Además estudia la carrera de administración de empresas en una universidad estatal.

José (22) es carpintero y también participa en las actividades del grupo, que da empleo a un grupo de jóvenes de su comunidad.

"Es una muerte lenta la que llevamos, porque no se sabe cómo los están tratando", agregó Mayra Orellana entre lágrimas y señaló que ambos se encuentran detenidos en la prisión de Izalco.

De acuerdo con reportes de medios locales y registros de las organizaciones humanitarias presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son al menos 52 personas las muertas bajo custodia estatal.

Los defensores de derechos humanos señalan que en estas muertes han detectado patrones de "ejecuciones extrajudiciales" y que se han dado por palizas o la falta de medicamentos para enfermedades crónicas.

"Para ellos (autoridades) todos son criminales y no, hay mucha gente inocente, no se merecen estar allí", agregó.

Mayra relató que en una visita a la cárcel, únicamente para entregar un paquete de productos de higiene que el Estado no proporciona, presenció la salida de ambulancias "a cada rato".

"Yo lo que quiero es que me los devuelvan vivos, que vengan caminando, que no me los vayan a dejar en cajas (ataúdes)", pidió la madre.

PERFIL DE DETENIDO E IRREGULARIDADES

Mayra presenció la detención de José, mientras que Ana Arita observó cómo agentes de la Policía Nacional Civil se llevaron a Juan, su compañero de vida.

En ambos casos, los policías se presentaron sin órdenes de captura y se llevaron "retenidos" a los jóvenes para que supuestamente respondieran a unas preguntas en la delegación.

Sin embargo, Mayra y Ana dicen que a ambos los han acusados de agrupaciones ilícitas y desde ese 5 de junio no los han vuelto a ver.

"No se preocupe que no va detenido", les dijo uno de los policías, según cuenta la madre, pero después les aseguraron que fueron detenidos por una "llamada anónima" que había que "investigar".

"Nos preocupa el no saber nada de ellos, solo saber lo que nos dice la Procuraduría, (...) no sabemos si están bien de salud, si necesitan algo y eso nos mata día a día", dijo a Efe la cónyuge de Juan Orellana.

El Gobierno ha habilitado el número 123 para recibir denuncias de la presencia de supuestos pandilleros y el Congreso aprobó un fondo de 30 millones de dólares para dar recompensas.

Las organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 3.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y entre ellas están las de Juan y José.

Únicamente Cristosal ha recibido cerca de 2.000 denuncias y la gran mayoría de detenidos son hombres jóvenes, provenientes de zonas populares.

También señalan que las familias se mantienen incomunicadas, sin posibilidad de visita y sin las garantías de una defensa justa.

"Esto va muy lento" y "ni los abogados pueden hacer mucho", dijo Mayra sobre el proceso penal en el que la ayuda estatal es mínima.

Relató que en la Procuraduría para la Defensa General, encargada de asignar abogados de oficio a los detenidos, les dijeron que hasta dentro de tres meses los podrían atender sin importar que las audiencias se están realizando 15 días después de los arrestos.

"Siento que eso no hay ahorita", dijo Mayra en referencia a cualquier auxilio estatal y agregó que entre las instancias estatales "se ve como que todos son culpables, así los miran".

Hugo Sánchez