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El Gobierno de Nicaragua inauguró este jueves un centro de rehabilitación para personas con adicciones de alcoholismo y drogadicción en el edificio que incautó al canal de televisión 100 % Noticias, crítico con el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega.

En ese centro de atención, bautizado con el nombre de "Valentín Méndez" y pintado en color rosado, uno de los nuevos símbolos del Gobierno sandinista, resalta un letrero con una foto del presidente Ortega, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, según constató Efe.

Donde está colocada esa fotografía de la pareja presidencial, indicó 100 % Noticias, que ahora transmite en Internet, estaba un letrero con "la exaltación a Dios" con la leyenda: "Yo Doy el que soy, Jehová de los Ejércitos".

El 21 de diciembre del 2018, la Policía de Nicaragua allanó y tomó por la fuerza el edificio donde funcionaba 100 % Noticias, y detuvo a su director y propietario, Miguel Mora, así como a la jefa de prensa, Lucía Pineda.

Tanto Mora como Pineda quedaron en libertad en junio de 2019 bajo una polémica Ley de Amnistía, sin embargo el canal de televisión 100 % Noticias siguió ocupado por la Policía y fuera del aire en señal abierta y en el servicio de cable.

Mora, fundador, propietario y exdirector de 100 % Noticias, es un periodista con pasado sandinista, hoy crítico con el Ejecutivo, y se incorporó a la política con el Partido Restauración Democrática (PRD), que fue la cuarta fuerza política en las últimas elecciones nacionales, y aspira a la Presidencia de Nicaragua en los comicios de noviembre próximo.

"SÍMBOLO DE SU DERROTA"

"Nos robaron el canal de televisión completo y aunque lo presenten como trofeo ante sus fanáticos, como un símbolo de victoria, en realidad es un símbolo de su derrota porque no pudieron callar la verdad y al periodismo independiente. #NoNosCallaran", reaccionó el ahora portal digital 100 % Noticias.

Ese medio señaló directamente a Ortega y a Murillo como los "autores del robo descarado del edificio de 100 % Noticias".

"Hacen alarde de su poder en la inauguración del Minsa (Ministerio de Salud) en el edificio ocupado y despojado ilegalmente a los propietarios del medio de comunicación desde diciembre del 2018", agregó ese medio, que destacó en un mensaje: "Nos robaron el canal, pero no pudieron confiscar la verdad".

En diciembre pasado, el Estado de Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios incautados al canal 100 % Noticias y al de un grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, críticos con el Gobierno, así como a nueve ONG que fueron ilegalizadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

El Estado no ha explicado el proceso de adjudicación sobre las instalaciones de esos edificios.

Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Gobierno sobre el procedimiento en contra de esos edificios, pero esta no ha sido posible.

"MONUMENTO AL CRIMEN DE LA LIBERTAD DE PRENSA"

Las autoridades inauguraron el miércoles una Casa Materna en el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos "Esta Semana" y "Esta Noche", dirigidos por el periodista Chamorro, que lo tildó como "un acto de confiscación" y que en ese nuevo centro "que todo el mundo puede ver hoy es que la dictadura ha erigido un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización internacional PEN capítulo Nicaragua han exigido al Gobierno de Ortega devolver "los bienes incautados ilegalmente" a los medios de comunicación críticos con el Ejecutivo.

El Gobierno también abrió el jueves un Centro Nacional de Diabetes en el edificio donde funcionaba la ONG Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), dedicado a la promoción de la democracia y presidido por Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve "comandantes" de la revolución sandinista.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.