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Sin incidentes y con manifestaciones pacíficas se cumple el primer día de la paralización indefinida convocada en la provincia peruana de Islay, región de Arequipa, contra el proyecto minero Tía María, cuyas reservas proyectadas de cobre están entre las más grandes de Suramérica.

La protesta convocada por autoridades y organizaciones locales del valle agrícola del Tambo, donde se planea instalar la mina, reunió a cientos de personas con pancartas y banderolas de rechazo a la decisión del Gobierno de autorizar el proyecto.

En 2015, una movilización popular similar en contra de la instalación de la mina dejó cuatro muertos y 300 heridos y forzó la paralización de la iniciativa.

Al inicio de la jornada, un sector de la carretera Panamericana Sur fue bloqueado parcialmente con piedras, aunque no se impidió el libre tránsito que, sin embargo, estuvo limitado por medidas de seguridad, al igual que la atención en los mercados.

En la zona se desplegó, durante este fin de semana, a unos 400 policías enviados desde Lima y la ciudad de Arequipa, mientras que las clases en las escuelas también fueron suspendidas.

Posteriormente se realizó una concentración en la plaza principal de la localidad de Cocachacra hasta donde llegaron los congresistas del Frente Amplio de izquierdas Humberto Morales, Marco Arana, Hernando Cevallos, Wilbert Rozas y Edilberto Curro.

"Nosotros creemos que hay que respaldar el pedido de los agricultores, alcaldes y el propio gobierno regional en el sentido que debe decretarse la nulidad de la licencia de construcción", declaró Morales a periodistas.

Arana señaló, por su parte, que su agrupación cree que "hay que respaldar el pedido de los agricultores, alcaldes y el propio gobierno regional en el sentido que debe decretarse la nulidad de la licencia de construcción que la verdad constituye toda una amenaza para el diálogo sin condiciones".

Los pobladores de la región sureña de Arequipa, donde se ubica el yacimiento, y los legisladores de izquierda, claman contra la licencia que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra otorgó a Southern Perú, del Grupo México, para que pueda iniciar sus obras.

En la región se cree que la puesta en marcha de la mina dañará severamente el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, y no confían en los planes expuestos por los responsables de Tía María para atenuar los efectos de la explotación del yacimiento.

Southern Perú ha garantizado que en su mina usará agua de mar desalinizada para sus operaciones y que se construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso "a distancia prudente del valle de Tambo" para el transporte de sus suministros y producción.

Además, al recibir la licencia, la empresa reiteró que no comenzará a desarrollar el proyecto "sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo para absolver las inquietudes y dar las garantías que la población necesita a fin de lograr un contexto social más favorable".

A primera hora de la mañana, el primer ministro peruano, Salvador del Solar, invocó a la tranquilidad a los pobladores del Islay y reiteró que no se va "a comenzar ninguna construcción mientras no exista un clima de diálogo".

Del Solar también criticó el rechazo al proyecto que ha manifestado el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien ha señalado que si no se anula la licencia otorgada a la obra no habrá ningún diálogo con el Ejecutivo.

El primer ministro dijo que las conversaciones con los pobladores iban a comenzar antes de conceder la licencia, pero las autoridades de la región Arequipa "encabezadas por su gobernador dijeron que no querían ningún tipo de diálogo".

Tía María, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.