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Diversos líderes opositores de Nicaragua denunciaron este domingo agresiones y asedio de las "turbas sandinistas", así como de policías, en diferentes ciudades del país, que vive una profunda crisis sociopolítica desde el estallido contra el presidente Daniel Ortega en 2018.

Los opositores denunciaron que "turbas sandinistas", en varias motocicletas y un automóvil, persiguieron e intentaron chocar un vehículo en el que viajaban el académico Félix Maradiaga y los estudiantes excarcelados Edwin Carcache, Valeska Valle y Jasson Salazar.

También informaron que un policía voluntario agredió a golpes al opositor excarcelado Edder Muñoz, mientras que distintas patrullas rodearon las casas de Carlos Silva y el periodista Marlon Powell, sin razones aparentes.

Algunos opositores originarios del norte y del Pacífico de Nicaragua afirmaron que las casas de sus familiares fueron asaltadas por grupos oficialistas y conductores de diferentes lugares del país reportaron amplios despliegues de fuerzas policiales en distintas carreteras interdepartamentales.

Las denuncias ocurren en medio de una crisis que desde abril de 2018 ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio, en su mayoría tras participar en protestas contra Ortega.

El grupo encabezado por Maradiaga denunció que, además del asedio de paramilitares, fue retenido por la Policía al menos en cinco ocasiones, incluso después de ver frustrado su intento de reunirse con miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el norte de Nicaragua.

Los denunciantes colgaron en sus redes sociales videos y fotografías que comprobaban las agresiones y asedios.

"En estos precisos momentos la guardia orteguista se encuentra asediando mi casa, estoy con unos amigos en un momento de esparcimiento, y la guardia ni siquiera eso nos permite (...) cualquier cosa que suceda, ahí está la guardia", informó Powell, desde el interior de su vivienda.

Desde hace 13 meses la Policía de Nicaragua mantiene una estricta prohibición de expresiones de rechazo hacia Ortega, a pesar de que la medida contradice la Constitución, según los juristas.

Las restricciones de las libertades públicas se deben a que Ortega es rechazado por una aparente mayoría de nicaragüenses, especialmente desde abril de 2018, cuando las fuerzas combinadas del Gobierno empezaron a ejecutar ataques letales contra los disidentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes "de lesa humanidad", y por la muerte de al menos 328 personas en el marco de la crisis, pero organismos locales cuentan hasta 651 víctimas y las autoridades admiten 200.

Ortega, quien también era presidente de Nicaragua durante la crisis sociopolítica previa (1980-1990), sostiene que se defiende de un supuesto "golpe de Estado fallido".