EFESanto Domingo

Miles de indocumentados abarrotan hoy en la República Dominicana los centros de registro para acogerse al Plan de Regularización para Extranjeros, cuyo plazo vence en las próximas horas, mientras los ojos de los medios y organismos internacionales están atentos a las inminentes repatriaciones.

Bajo un sol de justicia el panorama desde esta madrugada ante el Ministerio de Interior y Policía y las distintas gobernaciones del país es de colas kilométricas que los indocumentados, la mayoría haitianos, no abandonan ni para las necesidades básicas y en las cuales muchos llevan desde hace días.

Desmayos, fuerte presencia policial, denuncias de abusos y tensión son algunas características de lo que se vive tanto en la capital como en el interior del país.

El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, informó hoy que hasta el momento se han inscrito 275.000 extranjeros indocumentados.

El plan de regularización, calificado como el "más ambicioso" en materia migratoria en el país, surgió junto a la Ley especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.

El plazo para acogerse al plan concluye este miércoles a las 19.00 hora local (23.00 GMT), pero todos los que estén haciendo la fila en los centros de registro pasada esa hora serán atendidos, aseguró Fadul, quien se reunió con el director de Migración, Rubén Paulino Sem, para tratar las acciones a realizar tras el vencimiento del plazo.

El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es no solo que se realicen deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país hijos de haitianos indocumentados.

Para estos se aprobó la Ley de Naturalización, cuyo plazo para acogerse concluyó en febrero y a la que se esperaba que se inscribieran entre 55.000 y 60.000 personas, pero solo 8.775 lograron completar el proceso, por lo que diversas organizaciones temen que el resto quede apátrida.

Amnistía Internacional (AI) señaló hoy en Santo Domingo que las "normas internacionales que rigen los procesos de deportación son absolutamente claras: los Gobiernos deben examinar cada caso individualmente y llevar a cabo un proceso riguroso y justo, con derecho a apelación judicial, antes de tomar una decisión".

"La expulsión de nacionales dominicanos o personas en situación de apatridia está expresamente prohibida bajo el derecho internacional," dijo Chiara Liguori, investigadora de AI para el Caribe.

En declaraciones a Efe, el embajador de la Unión Europea (UE) ante la República Dominicana, Alberto Navarro, confió en que las autoridades del país no realizarán deportaciones masivas.

El diplomático dijo que el Gobierno ha prometido a la UE que no las habrá y que se respetarán los tratados internacionales firmados en materia migratoria y en derechos humanos, si bien reconoció el derecho soberano del país caribeño a regular dicho tema.

"La República Dominicana ha tenido el valor y el coraje de iniciar este proceso", destacó Navarro quien, sin embargo, admitió que este ha sido solo el primer paso y que futuros Gobiernos deberán implementar acciones similares para regular el tema.

Organismos internacionales como la ONU o la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) vigilarán el proceso de repatriaciones, que el Ejecutivo dominicano ha recordado que se realizará con firmeza pero respetando los derechos humanos.

Se espera que el presidente del país, Danilo Medina, se refiera a este tema en un discurso dirigido a la nación esta noche.

El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, indicó hoy que las deportaciones que se lleven a cabo no serán "discriminatorias" o "abusivas" y se realizarán a través de "operativos organizados".

La Dirección General de Migración explicó esta semana que las repatriaciones se harán entre las 06.00 y las 17.00 horas excepto domingos y feriados; se grabará cada operativo y representantes de organismos internacionales avalarán su "regularidad, legalidad y legitimidad".

A su vez, se contempla que los miembros de las Fuerzas Armadas que brindarán apoyo en el operativo de repatriaciones no usarán armas letales en el desarrollo de los operativos pero si macanas y pistolas eléctricas.

En todos los operativos de repatriación habrá como mínimo un inspector, dos agentes de migración y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, además se han instalado siete centros de acogida para recibir indocumentados.