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La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha descartado que en el Gobierno se estén planteando o vaya a recomendar el cierre de los centros educativos porque los datos avalan que "los colegios son entornos seguros", una afirmación que coincide con la decisión expresada por el Ejecutivo andaluz.

"No contemplamos el cierre de colegios", ha dicho la ministra en una entrevista en Canal Sur Radio.

Celaá ha asegurado que no está previsto decretar un cierre de centros en toda Andalucía o en las localidades donde se superen la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, como piden algunos alcaldes.

"No hemos llegado al punto para que la escuela se cierre porque en el punto más álgido de incidencia de la pandemia nunca se llegó al 2 % de afectados de los centros", ha dicho antes de indicar que el dato hoy es de "un 1,4 % de incidencia" entre las 425.000 aulas de toda España, lo que considera que "no es motivo para el cierre de un centro educativo".

Otra cuestión es que se produzca "un brote incontrolable", lo que motivará la actuación de cada departamento autonómico de sanidad, ha agregado.

La ministra ha explicado que no existe al respecto un protocolo nacional: "No, porque la incidencia en un colegio es independiente a la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes, se están comportando de forma diferente".

Respecto a la reforma educativa, la Lomloe, Celaá ha mostrado su disposición a la solicitud de diálogo del consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, para el desarrollo normativo de la ley.

"En la última reunión, todos, y repito, todos los consejeros mostraron su afán para trabajar con el Ministerio en el desarrollo de la ley y por tanto trabajaremos de manera conjunta para su desarrollo", ha asegurado.

La educación concertada es uno de los aspectos que más controversia ha generado la reforma y la Celaá ha recordado que "se estableció con un Gobierno socialista y no vamos a retirar los conciertos".

"Hay que dotar de una mayor transparencia al sistema y debe ser la educación pública el eje vertebrador porque acoge toda la diversidad de la sociedad española y queremos una escolarización equilibrada. Es por justicia y eso no puede irritar a nadie", ha subrayado.

Otra de las polémicas la ha generado la eliminación del concepto del castellano como lengua vehicular en la nueva ley, algo a lo que le ha vuelto a restar importancia la ministra tras recordar que "hasta 2013 no se pone en la ley, sin embargo era vehicular".

Ha añadido que "el castellano, como dice el artículo 3 de la Constitución, es lengua oficial del Estados y todos los españoles tienen el deber de conocerlo y usarlo".