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El juez de Instrucción número 7 de Sevilla, Eugenio Pradilla, ha atribuido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil a Eduardo Herrera, expresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

Herrera, investigado por la adjudicación de obras de instalaciones deportivas en Huelva y Granada con fondos procedentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) que llegaban a la RFAF a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha comparecido este viernes en el juzgado y se ha acogido a su derecho a no declarar.

Según han informado a Efe fuentes del caso, el hombre que dirigió la RFAF durante 33 años está siendo investigado en tres de las seis piezas en que el instructor ha dividido esta causa, cuyo origen es un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dos de esas piezas son relativas a la adjudicación de las obras de dos campos de fútbol en Huelva y otros tantos en Granada entre 2009 y 2012 por unos importes que oscilan entre los 78.000 y los 50.000 euros.

La tercera tiene relación con la formalización por parte de la RFAF de un contrato de asesoramiento con una empresa vinculada a un extesorero de la Federación.

Herrera, que también llegó a ser vicepresidente de la RFEF, no ha respondido a las preguntas del instructor ni de la fiscal porque la documentación que consta en las actuaciones es incompleta, a juicio de su defensa, a la que todavía no se han aportado varios documentos procedentes de la Guardia Civil.

El exdirigente federativo, que ha permanecido una hora en el juzgado y ha oído de boca del magistrado los delitos que le atribuye, defiende que los presupuestos se ajustaron a la legalidad y que las obras fueron justificadas.

La Fiscalía, en cambio, argumenta que no se convocó ningún concurso público y que la Federación pedía presupuestos a tres mercantiles y dos de ellos eran ficticios.

Herrera presentó el pasado 3 de junio su renuncia al cargo de presidente de la RFAF "por motivos personales" después de 33 años al frente del organismo, a pesar de que en febrero de 2018 había sido reelegido para un nuevo mandato.

Hace unos meses, la Fiscalía trasladó al Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla un extenso informe de la Guardia Civil, que investigó el proceso de contratación y concesión de campos de fútbol y advirtió posibles mecanismos ilegales en la adjudicación de obras a sociedades relacionadas con directivos de la RFAF.

En 2013 ya se archivó una denuncia contra Herrera y otro investigado que ha comparecido este viernes ante el juez, el exdelegado de la RFAF en Huelva Félix Pérez Romón, por presuntas irregularidades económicas relacionadas con subvenciones para la construcción de campos de fútbol, obra que fue adjudicada a una mercantil ligada a la familia del propio Pérez.