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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha expresado sus dudas sobre el proyecto que prepara el Gobierno sobre la comercialización de aceite de oliva por considerar que incluye medidas de calado que podrían perjudicar al consumidor y pide que se justifiquen con rigor y adecuadamente.

"El proyecto de Real Decreto ha optado por medidas cuyo potencial impacto sobre la competencia es elevado (...) Además, deben advertirse algunas dudas sobre los condicionantes fácticos que han llevado a un desequilibrio entre la oferta y la demanda y justifican la intervención", reza el informe elaborado por la CNMC, a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los miembros del consejo de este organismo han señalado que algunas de las medidas recogidas pueden ir "en detrimento de los consumidores", ante el riesgo de que suban los precios y se reduzcan los incentivos a mejorar la calidad y variedad de la oferta, aunque al mismo tiempo habría un "potencial beneficio" al dar más estabilidad de rentas a los agricultores.

El proyecto surge para adaptar la legislación española a un reglamento de la UE que todavía está en fase de negociación y puede sufrir cambios, según se advierte desde la CNMC, que recuerda que el documento comunitario "no contiene un catálogo de medidas concretas ni obliga a que cada Estado las incluya, sino que otorga un margen a cada país miembro" para decidir sus políticas en este ámbito.

España, en su opinión, ha optado por incluir medidas "con un potencial elevado de impacto sobre la competencia", permitiendo por ejemplo retirar producto en una campaña completa o planificar cosechas y regular rendimientos para evitar que un exceso de producción derive en fuertes caídas de precios.

Esa retirada de aceite de oliva del mercado "no se supeditaría a la valoración por parte de la Comisión Europea de la existencia de perturbaciones graves", sino que sería asumida por las propias autoridades españolas.

Desde la CNMC han insistido en que España es, además, el mayor productor mundial de aceite de oliva, por lo que sus políticas influirán de forma significativa en el resto de mercados.

El proyecto de Real Decreto es clave en la hoja ruta para el sector del aceite de oliva diseñada por el Gobierno, que en junio anunció un paquete de políticas para facilitar que la oferta en el mercado se pueda limitar y que mejore su calidad para hacer que los precios que cobran los olivareros en origen suban.