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Las cofradías pesqueras, la flota artesanal y el comercio minorista tradicional han pedido este miércoles, en el Congreso de los Diputados, que el sector de la pesca sea excluido de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La patronal de detallistas Fedepesca, la Federación Nacional de las Cofradías Pesqueras (FNCP) y la Federación Nacional de Pescaderías Artesanales (Fenapa) han rechazado el proyecto legislativo, por considerar que es inviable e ignora la realidad de la pesca.

Las tres organizaciones han participado en la ronda de comparecencias de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso para analizar la reforma de la Ley presentada por el Gobierno con el fin de mejorar las relaciones dentro de la cadena alimentaria (productores, industria y comercio).

La directora de Fedepesca, María Luisa Álvarez, ha lamentado “el desconocimiento” que refleja dicho texto, especialmente por la obligación de suscribir contratos escritos para "todos los pagos al contado", exigencia de la que hasta ahora han estado excluidos estos comerciantes.

Ha añadido que de momento se habla de un umbral de 2.500 euros para la suscripción de esos contratos, pero podría bajar a 1.000 euros, de acuerdo con la norma sobre blanqueo de capitales.

En este sentido, ha indicado que la nueva norma supondría "10.000 o 12.000 facturas al año" para cualquier pescadero.

Las 10.000 pescaderías tradicionales españolas son generalmente microempresas, con una o dos personas por tienda y jornadas duras con poco tiempo libre, lo que hace difícil adoptar el hábito de expedir una factura por artículo, ha señalado Álvarez.

Asimismo, ha lamentado que la Ley excluya de las obligaciones a la hostelería y restauración, pues bien si en este segmento hay pymes, existen grandes cadenas de restauración colectiva a las que, a su juicio, se debería aplicar.

Álvarez y el presidente de la FNCP, Basilio Otero, han criticado que el proyecto de Ley ignore el sistema de venta pesquera por subasta en las lonjas -muchas gestionadas por cofradías- o la posición de debilidad de la pequeña empresa.

Fedepesca también esgrime que los pescaderos tradicionales no pueden reducir más su margen de beneficio, frente a la gran distribución que "vende a pérdidas pescado" para atraer clientes.

En relación a los contratos, el responsable de las cofradías ha advertido de que con la fijación de un precio fijo, si posteriormente con el sistema de subasta éste bajara "habría que tirar el pescado a la basura".

Otero y Álvarez han apuntado que la reforma de la Ley está hecha para las grandes corporaciones.

Por su parte, la presidenta de Fenapa, María del Carmen Díaz, ha apuntado que la nueva norma "pisotea" al sector con nuevas sanciones.

Díaz ha abogado por un mayor control a los mayoristas y sobre todo por una vigilancia de las importaciones y de pescados capturados en Marruecos o Mauritania, que después son vendidos como originarios de España.

Los grupos parlamentarios han reconocido el papel esencial del sector pesquero; en este sentido, María Luisa Faneca (PSOE) ha defendido que la Ley tiene como fin dar más poder al "eslabón más débil", incluido el pescador de la lonja.

El popular Joaquín García Díez ha resaltado "la burocracia de alto calibre" que sufren las empresas pesqueras, y Rubén Darío Vega (Vox) ha asegurado que la reforma de la Ley "agrava" los problemas de los agricultores y de los pescadores.

Isabel Franco (Unidas Podemos) ha admitido que la ley "no se adapta al sector pesquero", y tanto Joseba Aguirrechea (PNV) como Joan Baldoví (Compromís) han sugerido impulsar medidas respecto al sistema de subastas para mejorar los ingresos de los pescadores.