EFEGranada

La Guardia Civil ha detenido en Granada a catorce empresarios agrícolas por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, una operación en la que además se ha denunciado a cinco personas por favorecer la inmigración clandestina y a otros cuatro por alquilar inmuebles sin condiciones dignas.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, la operación Llano 2020 ha permitido detener a catorce empresarios agrícolas que operan en el Llano de Zafarraya, en los municipios de Zafarraya y Alhama de Granada, por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

También están acusados de contratar a migrantes indocumentados para conseguir un aprovechamiento lucrativo a consta de los derechos laborales de estas personas.

En esta operación, la Guardia Civil también ha denunciado 38 infracciones, 29 a personas por estancia irregular en España; cinco a personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina con ánimo de lucro, y las cuatro restantes por infringir el derecho a la vivienda al arrendar inmuebles que no tenían las mínimas condiciones de seguridad y habitabilidad.

Ante el inicio de la campaña hortícola 2020 en la zona, la Guardia Civil ha desplegado un operativo especial y ha aumentado las inspecciones en las explotaciones agrícolas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que el número de delitos aumente.

Muchas de las personas que acuden al Llano de Zafarraya son inmigrantes irregulares de los que se aprovechan empresarios o vecinos, que se lucran pagando menos por hora a trabajadores sin contrato legal que se alojan en viviendas indignas.

La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de catorce empresarios y empleadores, tanto de nacionalidad española como marroquí, por tener trabajando a inmigrantes irregulares sin contrato y sin dar alta en la Seguridad Social.

La Guardia Civil ha comprobado que muchos de estos inmigrantes, por su estado de necesidad, trabajaban hasta 10 horas seguidas, cobraban entre 5 y 6 euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo, como por ejemplo el derecho a descanso semanal.

Muchos además se alojaban en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas, sin luz ni agua potable y sin aseos.

Los propietarios que han alquilado inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad mínimas se exponen a sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros, según ha recalcado la Guardia Civil.