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Casi 20.000 temporeras marroquíes partirán este año a la campaña de la fresa y las frutas rojas en España, una cifra récord que supone un incremento del 35% con respecto al pasado año, y ello pese a la polémica desatadas por las denuncias de abusos sexuales y laborales.

Exactamente, van a ser 19.179 las contratadas, que comenzarán a partir a España el próximo mes de febrero y lo harán escalonadamente hasta el mes de mayo, para pasar una temporada de entre tres y cuatro meses con compromiso de regreso, explicó a Efe Abdelmounime El Madani, director general de la Agencia Nacional de Empleo (ANAPEC).

Este organismo público ejerce este año, como los anteriores, de intermediario entre España y Marruecos, y concretamente entre los empresarios andaluces del sector de los frutos rojos y las aspirantes a conseguir un contrato en España.

En este contingente de 2019 habrá 7.700 nuevas contratadas pero la mayor parte (casi 11.500) serán "repetidoras", es decir, trabajadoras que ya han estado una o varias temporadas más en España.

El Madani rebate a quienes, tanto en España como en Marruecos, han tratado de "diabolizar la operación" al dar especial relevancia a las denuncias por abusos sexuales o laborales; sobre los primeros, no se pronuncia, pero contesta los segundos porque -afirma- "España es precisamente uno de los países con mayor protección a los derechos laborales".

Sobre los derechos de las trabajadoras, la ANAPEC va a preparar este año una campaña de sensibilización previa a la salida de las primeras temporeras con el fin de que tengan claro cuáles son exactamente sus derechos: un visado temporal, transporte pagado de ida y vuelta entre Marruecos y España, un contrato según la ley española (entre 35 y 40 euros diarios) y sanidad gratuita.

Con respecto a las viviendas donde serán alojadas, asegura que disponen siempre de un dormitorio, sala y cocina equipada con fogones y lavadora, más electricidad y agua caliente, pero El Madani aclara que las temporeras deben pagar por esa vivienda, así como por el transporte si quieren salir hasta el pueblo más cercano.

Otro objetivo de la sensibilización será disuadir a aquellas que traten de aprovechar el viaje para convertirse en emigrante ilegal en España (se calcula que el año pasado un mínimo de 2.500 se "evaporaron" al llegar a España para pasar a la ilegalidad).

Así, se recordará que una temporera que regresa a su país y repite tendrá cada vez más fácil el visado, y en tres o cuatro temporadas puede lograr el permiso de residencia, mientras que las que opten por la ilegalidad pierden todos sus derechos.

En Marruecos ha habido críticas por los criterios supuestamente discriminatorios que se siguen para las contrataciones, pero El Madani los defiende, al recordar que son los empresarios españoles los que exigen mujeres jóvenes (de 25 a 40 años), con experiencia en el campo y con buena salud por la exigencia física del trabajo, y es el Gobierno español el que impone la obligación del retorno.

Por parte marroquí, la ANAPEC defiende la "discriminación positiva", y privilegia contratar a madres con niños a su cargo, máxime si son viudas o divorciadas, pues El Madani cree que con esta operación ayudan a "romper el ciclo de exclusión" en el que vive en Marruecos la mujer rural, y más si es madre.

Así, el proyecto permite ofrecer "oportunidades de emancipación e inserción" a estas mujeres, que están en lo más bajo de la escala social marroquí: pobres y a menudo analfabetas .

La agencia de empleo va todavía más lejos: quiere animar a las temporeras a que, una vez de regreso a Marruecos, inviertan sus ahorros en proyectos propios, ya sean cooperativas o proyectos de autoempleo, y puso como ejemplo la cooperativa agrícola que en Fkih Ben Saleh (centro de Marruecos) van a arrancar 700 de las temporeras y que se convertirá en la mayor de Marruecos.

El pasado octubre, durante su visita a Rabat, la secretaria de Estado de Migración, Consuelo Rumí, defendió la contratación de las freseras en Marruecos como un modelo de la "emigración circular", pero consideró que la contratación se había hecho de forma demasiado apresurada en la campaña de 2018.

Fuentes conocedoras de la operación admitieron que las prisas con que se contrató a casi 14.000 temporeras hizo que finalmente entrasen en la operación mujeres que no respondían a los criterios y que utilizaron sus visados como una palanca de emigración para no volver.

Javier Otazu