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El que fuera jefe de personal de la empresa Primayor, sucesora de Cárnicas Molina, Luis Sobrino, ha admitido hoy que él mismo se incluyó entre los prejubilados en el ERE que presentó la empresa subvencionado por la Junta aunque siguió trabajando para la compañía.

Sobrino ha declarado como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción 6, María Núñez, por la pieza separada sobre las ayudas de la Junta a los sucesivos ERE presentados por Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y su sucesora Primayor, en una jornada en la que estaba citado también el exsindicalista Juan Lanzas -llamado el "conseguidor" de los ERE- aunque no ha aparecido ni ha comunicado nada al juzgado.

Tampoco ha acudido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, aunque en este caso sí lo ha hecho su abogada para explicar que su cliente se encuentra actualmente excluido de esta pieza.

Por su parte, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí ha comparecido aunque se ha acogido a su derecho a no declarar.

Luis Sobrino ha explicado que en todas las negociaciones sobre el ERE de Primayor participaban Lanzas y el abogado Carlos Leal -que también ha declarado hoy como investigado-, a quien por orden de César Breña (consejero delegado de la empresa, ya fallecido) remitió el listado de trabajadores con la antigüedad en la empresa y la edad prevista para incluirlos en un ERE.

Ha relatado que en 2005 hubo una reunión en Sevilla con Guerrero, la empresa y el comité de Primayor donde el exdirector de Trabajo dijo que se iba a hacer un ERE financiado por la Junta de Andalucia y se firmó un protocolo para ello.

También el director de Recursos Humanos de Primayor Food, Felipe Monforte, ha aludido a una primera reunión para tratar con los responsables del ente público IFA, que en su momento tenía participaciones en Hamsa para intentar salvar la empresa, un préstamo participativo, si bien en dicho encuentro estaban también Lanzas y el exsecretario de Empleo Juan Francisco Sanchez por IFA.

Le insistieron en "había que hacer un ERE y que la Junta les iba a financiar", por lo que le "llamó la atención" que fuese el comité de empresa el que solicitase un ERE.

Posteriormente se reunió con Guerrero que se comprometió a otorgar ayudas de la Consejería de Empleo a Primayor, que en Andalucia funcionaba como "un reino de taifas".

Por su parte el abogado Carlos Leal ha declarado que trabajó en la tramitación del ERE de Hamsa, a donde llegó de la mano del actual director general de Innovación Javier Castro, donde el Ministerio comprometió ayudas para la mayoría de las prejubilaciones mientras que las de cinco trabajadores que quedaron se llevaron en Andalucía con ayudas comprometidas por la Junta a las que la Intervención puso reparos.

Ya para Primayor ha explicado que tramitó para los trabajadores las ayudas estatales a la reposición de desempleo cuando agotaron el subsidio del paro.

En ambos casos ha asegurado que sus honorarios fueron pagados por la asociación de trabajadores afectados y no por la Junta, aunque ha reconocido que éstos le abonaban con las subvenciones públicas que recibían.

Hoy también han declarado varios prejubilados en los sucesivos ERE de Hamsa y Primayor, quienes han coincidido en que los sindicatos y "un abogado de Sevilla" les obligaron a meter el dinero que les correspondió del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en cuentas del sindicato para poder cobrar las pólizas de prejubilación tramitadas por la mediadora Vitalia.

Aunque ninguno de los investigados ha podido identificar a dicho abogado como Carlos Leal, la fiscal ha hecho constar que en la causa constan cartas de éste solicitando a los prejubilaciones la devolución del dinero cobrado del Fogasa.

Uno de los prejubilados, Ramón Portal que trabajó como conductor de camiones en Carnicas Molina, ha relatado que firmó una documentación que les dijeron que era una póliza y al volver de una ruta "nos bajaron de los camiones y dijeron: Ya no venís más".