EFECórdoba

La Junta de Andalucía se personará en la nueva causa judicial abierta por la concesión de una ayuda a una empresa cárnica de Jaén en 1999, en la que son investigados Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, un caso al que su vicepresidente, Juan Marín, le "huele muy mal".

Marín ha señalado a los periodistas en Córdoba que el Gobierno regional se personará "para poder estar al día de toda la información y también poder tomar decisiones dentro del ámbito de ese nuevo expediente".

Tras reunirse con el rector de la Universidad de Córdoba para tratar la creación de una cátedra de patrimonio, el vicepresidente ha afirmado que se trata de "un caso muy serio" y que "probablemente sea el inicio del sistema tramado durante muchísimos años en Andalucía de los ERE", en la misma línea expresada ayer por el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

Para Juan Marín, "en aquel momento se hizo, nadie se enteró absolutamente de nada y parecía que estos señores iban a tener impunidad e iban poder hacer con el dinero público lo que les viniera en gana".

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local apuntó a la totalidad de los miembros del Consejo de Gobierno que participaron en la adopción del acuerdo como objetivo de una futura imputación, más allá del expresidente Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y otros ocho ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos otros cuatro exconsejeros que ya son investigados en las diligencias.

"No sabemos", ha enfatizado, si habrá más imputaciones porque "estamos hablando de un acuerdo de Gobierno, tomando por el Gobierno del señor Chaves en el que todos los consejeros y consejeras ratificaron una decisión de concesión de una ayuda de 5.800.000 euros a una empresa sin ningún tipo de informe ni de garantía jurídica".

Marín ha defendido que "ya se han tomado medidas para que estos casos no vuelvan a suceder, eso es lo importante" y ha recordado que fue el actual Gobierno de coalición PP-CS el que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía al día siguiente de su formación después de que "casualmente" apareciese dos días antes la documentación reclamada a la Junta.

Para el vicepresidente de la Junta, "hoy, muchos años después, ojalá pudiera haber sido antes, nuevamente serán los tribunales de justicia de Andalucía los que tendrán que evaluar, tomar decisiones y ya veremos hasta qué nivel llegan las imputaciones para que esta nueva pieza, llamémosla así, tenga una resolución judicial".

En todo caso, en su opinión "es positivo que al final se mande un mensaje de que la justicia aunque sea lenta" llega a "todos aquellos que hayan podido prevaricar o malversar fondos públicos, dinero de todos los andaluces, dinero, en este caso, de todos los parados andaluces acaben en los tribunales de justicia".

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga las subvenciones concedidas a la empresa jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor, en 1999.