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El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha lamentado este lunes que las comunidades autónomas estén "bastante indefensas" a partir del próximo día 10, una vez finalice el estado de alarma, lo que dejará las decisiones que tomen gobiernos como el andaluz en manos del respaldo judicial.

En declaraciones a los periodistas Marín ha asegurado que la Junta va a "articular todas las medidas que permite el Estado de derecho" y para ello se va a producir una reunión esta misma tarde con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud, Jesús Aguirre, con la intención de "fusionar propuestas" y llevarlas el miércoles al Comité de Alerta Pública.

"Los andaluces tienen que saber antes del día 9 qué va a pasar después", ha dicho el vicepresidente, que cree que "esto es lo que tenía que haber hecho el Gobierno central y que no ha hecho".

Ha explicado que asuntos como la libre circulación de ciudadanos o cualquier restricción a la movilidad no la van a poder decidir los responsables públicos, sino que va a tener que ser un juez, "y esto es así porque durante meses el presidente del Gobierno no ha hecho su trabajo", ha denunciado.

"En junio de 2020 le pedimos que articular una vía para que los responsables de Salud de cada comunidad pudieran gestionarlo. Termina el decreto de alarma y seguimos en la misma indefensión y tendremos que someternos a las decisiones judiciales a partir del día 10", ha lamentado.

Ha precisado que Andalucía había solicitado al Gobierno central "amparo" y una disposición adicional para poder "mantener un toque de queda o decidir si se cierra o no una zona", pero ahora "si hay que pedir un confinamiento habrá que decretarlo, elevarlo al TSJA y que nos diga si podemos o no mantener esa decisión".

Tras subrayar que la comunidad no se encuentra en la situación sanitaria de solicitar una prórroga del estado de alarma, ha explicado que sí puede ser necesaria "una restricción muy específica en cualquier pueblo", algo que "a partir del lunes no se puede hacer, salvo que un juez lo permita".

Ha puesto como ejemplo lo que ocurrió cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el cierre de la hostelería decretado por el Gobierno regional y ha calificado la situación creada como "innecesaria".

"No comprendo por qué en catorce meses el Gobierno de España no se ha molestado lo más mínimo y nos ha dejado en esta situación: hoy tenemos 17 modelos diferentes a partir del 9 de mayo para atender cualquier atención sanitaria", ha concluido.