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PP, Cs y Vox han sacado adelante en el Parlamento andaluz una rebaja de todos los tributos cedidos a la comunidad que la Junta cifra en 329 millones y que se aplicará en 2022, a pesar de que los presupuestos para ese ejercicio siguen en el aire porque el Gobierno bipartito se quedará sin su socio habitual.

Esta reforma fiscal puede ser uno de los últimos grandes acuerdos de los tres socios en la Cámara andaluza si Vox materializa sus múltiples amenazas y no negocia los presupuestos, retirando su apoyo al Ejecutivo de PP y Cs salvo en iniciativas puntuales.

Además, la ley de tributos cedidos choca con el PSOE, el partido que sería la última opción del Gobierno andaluz para intentar sacar adelante sus cuartos y últimos presupuestos de la legislatura, pero que se ha opuesto frontalmente a esta reforma.

Todas las enmiendas que habían mantenido vivas los socialistas, el grupo de Unidas Podemos y los diputados no adscritos (de Adelante Andalucía) han sido rechazadas.

Con la reforma, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en favor de hermanos, tíos y sobrinos pasará del 70 % al 45 %, y en el IRPF se adelanta la escala prevista para 2023 a 2022, con un tipo mínimo que se queda en el 9,5 y un máximo de 22,5.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales pasa de entre el 8 y el 10 % al 7 %, mientras que en arrendamientos será del 0,3 %.

El Impuesto de Actos Jurídicos pasa del 1,5 al 1,2 %; el Impuesto de Patrimonio no aplica la subida estatal del 3,5 y se queda en el 2,5; y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte pasa del 16,9 al 14,75 y del 13,8 al 12 %.

Los socialistas consideran que está hecha para los grandes patrimonios y las grandes herencias, con una especie de "pedrea" para "callar" al resto, según el diputado Antonio Ramírez de Arellano, que en el anterior gobierno era el consejero de Hacienda.

Ha hablado de "regalos fiscales a los más pudientes" y de que estos cambios no llegan "ni a reforma" y están "más cerca de la irresponsabilidad fiscal que de la corresponsabilidad" que se le exige a una Administración autonómica.

La diputada y secretaria general del PP-A, Dolores López, ha defendido que se trata de "meterle dinero en el bolsillo a los andaluces" y ha opinado que el PSOE intenta justificar su "no" porque en caso contrario se verá que son "los del sablazo".

Ha asegurado que es un apoyo a las políticas sociales y medioambientales, a las familias, a las personas con discapacidad y también a las empresas que generan empleo, a la vez que ha cuestionado si el PSOE cuando tiene impuestos similares en Extremadura o Castilla La Mancha también gobierna "para ricos".

Por parte de Ciudadanos, Carlos Hernández White ha afirmado que es una rebaja "para todos los andaluces, ganen más o menos", ha pedido huir del "debate clásico de izquierda y derecha sobre si es bueno o malo bajar impuestos" y ha reclamado a los partidos de izquierda que no transmitan "cuestiones falsas" porque "quien tiene más siempre paga más".

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha reivindicado la "decisiva" contribución de su partido en esta medida, sobre todo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y ha lamentado la "ofensiva mediática" con la que se quiere presentar la rebaja como "una media unilateral cuyo éxito se autoatribuye el Gobierno de la Junta".

Desde Unidas Podemos, el parlamentario Guzmán Ahumada lo ha calificado como "el timo de la estampita" o "la reforma de los cayetanos" y ha considerado que "esto no va del dinero en el bolsillo de la gente sino de la cuenta de ganancias".

La diputada no adscrita Teresa Rodríguez ha denunciado que se saca dinero de la "mayoría social" de Andalucía para pagar "los privilegios de una minoría" como el colegio británico o las empleadas domésticas.