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Vox ha planteado hoy la eliminación del Defensor del Pueblo Andaluz al sostener que está "politizado hacia la izquierda", lo que ha negado rotundamente su titular, Jesús Maeztu, al igual que el resto de grupos y la presidenta de la Cámara, que han respaldado su trabajo en defensa de los derechos ciudadanos.

La propuesta de Vox se ha producido durante la primera comparecencia de esta legislatura en el Parlamento andaluz del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para presentar el Informe anual de la Institución de 2018.

Tras la primera intervención de Maeztu, que está en funciones, para ofrecer los datos del informe, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha asegurado: "Con el debido respeto, la Institución la vemos con reserva porque creemos que es redundante e innecesaria".

En su opinión, "no tiene razón de ser" al considerar que con el Defensor del Pueblo Nacional es "suficiente" y corre el "riesgo de convertirse en receptáculo del derecho al pataleo".

Hernández ha dicho que no ponía en duda los datos del informe, pero ha subrayado que "preocupa la politización" de la Institución y ha añadido que la manera de hablar, el tono y como Maeztu hace la exposición es "muy próximo a partidos de izquierda".

También le ha recriminado que aborde asuntos como el suicidio asistido o la forma de tratar materias como la inmigración.

En su segunda intervención e informe en mano, el Defensor ha replicado: "Esto no es ideología. Aquí hay mucho dolor, problemas que te ponen los pelos de punta o inmigrantes que piden su derecho de asilo".

"Creo en el trabajo de la persuasión moral y quiero el convencimiento no el vencimiento. Esto (por el informe) es la vida de la gente que no tiene derecho o se lo han quitado y si existe la Institución es porque hay deficiencias", ha aseverado.

Maeztu ha recordado al portavoz de Vox que la figura del Defensor está recogida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía y le ha invitado a hacer una visita a la Oficina.

"Estoy seguro de que después pensará de otra manera y no que la Institución está de más. Los que trabajamos en ella somos profesionales y trabajamos con pasión", ha enfatizado.

Los representantes del resto de partidos (PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía) se limitaron, tras escuchar al portavoz verde, a ensalzar el trabajo del Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía y a todo su equipo y coincidieron en que el informe presentado hace "aún más valioso" el trabajo desarrollado en defensa de los derechos de los andaluces.

No obstante, el diputado socialista Javier Carnero esgrimió, además, que "nadie puede cuestionar la utilidad" de la Defensoría del Pueblo y afirmó (en alusión a Vox): "No porque se está en un Parlamento autonómico se cuestionan sus bases".

A la defensa de la Institución se sumó también la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, quien alabó el instructivo, ilustrativo y necesario informe del Defensor.

"Es necesaria una institución como ésta que ayude a preservar los derechos que hagan más libres e iguales a todos los ciudadanos", ha aseverado.

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz gestionó el pasado año 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas, entre ellas destacan las relacionadas con los importantes retrasos en el pago de las ayudas al alquiler y en la Renta Mínima de Inserción Social, de las que pide agilizar su gestión.

Las quejas suponen un incremento del 11,2 % y las consultas subieron un 26,3 % con respecto a 2017, lo que sumado a las 729 acciones de promoción de derechos ofrece un balance total de 24.761 actuaciones en defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía.

En total, fueron 22.001 personas las que requirieron en el 2018 la intervención de este comisionado parlamentario.