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El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha asegurado que la pandemia sanitaria ha causado un "profundo daño y hace mella" en los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, y ha apuntado "la terrible certeza" de que los problemas y retos que les que afectan "no desaparecerán".

El Defensor, que está elaborando un Informe especial sobre los efectos de la COVID sobre la infancia y la adolescencia, ha destacado su especial preocupación por las consecuencias de la crisis en los más vulnerables.

"Ha hecho mella en los más vulnerables, entre ellos, los menores migrantes no acompañados", ha remarcado, además de exigir que "no se les estigmatice y culpabilice" de los contagios de coronavirus.

El Defensor ha confirmado el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas durante el confinamiento y ha acotado: "Desgraciadamente es un hecho constatado que un importante porcentaje de violencia a la infancia se ejerce en la propia familia".

También ha reclamado que se prioricen las unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil para atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.

"Mucho nos tememos que el despliegue de sus peores efectos aún no ha finalizado y que dichas consecuencias se están expandiendo en todas direcciones y a lo largo de un plazo aún imprevisible", ha expuesto Maeztu en el Parlamento.

Respecto a la educación, ha sostenido que el "gran hándicap" ha sido la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, manteniendo dicha actividad por vía telemática.

"La COVID ha puesto en evidencia que no todo el alumnado en Andalucía dispone de las herramientas necesarias", ha lamentado.

Por ello, la Institución ha abierto una investigación de oficio con la administración educativa para requerir la adopción de medidas en términos de equidad y calidad, según Maeztu.

En el Informe sobre los menores de 2019, el Defensor detecta carencias en la atención pediátrica; quejas sobre las listas de espera y los plazos de garantía para los pacientes menores de edad; los problemas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, o los fenómenos relacionados con la despoblación, entre otras cuestiones.

El documento dedica un capítulo a lo que denomina como el "auge" del acceso de los menores a los contenidos pornográficos a través de internet, ante lo que ha reclamado mayor implicación educativa a las familias y la Junta.

Igualmente, demanda una regulación adecuada de la industria del sector, ya que esta práctica "perjudica el desarrollo y formación de los menores, además de vulnerar algunos de sus derechos como la intimidad, el honor o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso", ha advertido.

Durante 2019 el Defensor del Menor realizó 5.585 actuaciones, de las cuales 2.454 se refirieron a quejas (1.789 iniciadas ese mismo año, 29 de ellas de oficio), y el resto procedente de años anteriores, así como la atención de 3.131 consultas.