EFESevilla

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local va a eliminar 1.637.664 expedientes judiciales carentes de valor de entre los años 1945 y 2002, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad.

Esta actuación se produce tras el acuerdo de la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería, que en sus dos últimas sesiones dio el visto bueno a la eliminación de estos expedientes contenidos en 39.333 cajas.

Los documentos que van a ser eliminados son expedientes de diligencias previas, juicios de faltas y recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

La Junta de Expurgo aprobó también que un expediente por año sea remitido al Archivo Histórico Provincial de cada provincia como muestreo, de forma que se archivarán 2.736 expedientes de los más de 1,6 millones y 542 cajas.

Por provincias, Sevilla y Cádiz serán las que eliminen más documentación judicial, con más de 400.000 expedientes en cada una de ellas, mientras Almería y Jaén son las que menos papel destruirán, con 24.000 y más de 29.000 expedientes respectivamente.

Según ha explicado la Junta, uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, de forma que se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, la persona titular del Servicio de Archivos Judiciales de la Consejería de Justicia, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.