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La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a conceder un indulto parcial a Juana Rivas, condenada por un delito de sustracción de menores, al conmutar su pena de prisión de dos años y seis meses a dos años.

Fuentes jurídicas han informado a Efe este miércoles de que el Ministerio Público emitió el pasado 26 de julio su informe al Supremo, que coordina el expediente porque modificó la sentencia que devino firme y que redujo de cinco a dos años y medio de prisión la pena impuesta a esta mujer por uno y no dos delitos de sustracción de menores.

El Ministerio Público apoya la concesión de un indulto parcial rebajando la pena de prisión en seis meses para fijarla en dos años y haciendo lo mismo con la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad que sugiere que sea de cuatro y no de seis años.

Se da la circunstancia de que la posición de la Fiscalía del Supremo contrasta con la de la Fiscalía de Granada, que en un escrito en junio subrayó su "disconformidad" a que Juana Rivas se beneficie de esta medida, como también hizo el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar.

No obstante, desde la Fiscalía del Supremo quieren dejar claro que el fiscal de Granada "no tiene competencia" para emitir un informe, que "carece de toda eficacia al ser incompetente por haber modificado la sentencia el Supremo". De esta forma, lo que señale ese informe no tiene relevancia alguna en el expediente de indulto.

Ahora, será el Pleno de la Sala de lo Penal el que emitirá su informe preceptivo, que como el de la Fiscalía tampoco es vinculante para el Ejecutivo, que tiene la última palabra en este asunto.

Fuentes del alto tribunal han señalado a Efe que el Pleno se ha fijado para el próximo 5 de octubre, cuando los magistrados deberán debatir sobre la ponencia que presentará a la Sala el magistrado Andrés Palomo por ser el que redactó la sentencia firme.

Con todo, las fuentes consultadas aseguran a Efe que "habrá debate" porque hasta la fecha "existe división entre los magistrados" sobre esta cuestión, que desde su inicio ha tenido siempre una amplia repercusión mediática.

"No hay una posición clara ni mayoritaria por el momento", si bien aun queda tiempo para alcanzar un consenso antes de emitir el informe, añaden las fuentes.

Juana Rivas se personó el pasado 11 de junio en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para acatar la ejecución de la sentencia, aunque lo abandonó el día 15 para cumplir esa condena en su casa con control telemático.

El abogado de Rivas confía en que se conceda un indulto parcial o total "resolviendo de esta forma una situación extraordinariamente gravosa para ella y sus hijos", según aseguró a Efe.

Por el contrario, el padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, se mostró contrario a esta medida de gracia y, en un escrito presentado en junio ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada como "parte ofendida", consideró que Juana Rivas no cumple ninguno de los requisitos legales para obtener este beneficio.

El abogado del italiano, Enrique Zambrano, adelantó además que Arcuri recurrirá la posible concesión del indulto "en cualquiera de sus modalidades, en todas las instancias y tribunales competentes".

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, si bien el Supremo estimó parcialmente el recurso de la madre y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos, como sí sostenía, la Audiencia de Granada.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando esta madre permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.

Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja denunciase la desaparición, la acusada entregó a los dos niños un mes después en Granada.