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El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar los "cambios normativos" para que los padres puedan decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias en los colegios, el llamado "pin parental".

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, se ha firmado el mismo día en el que el pleno del Parlamento ha convalidado, con el apoyo de Vox al PP y Ciudadanos, coaligados en el Gobierno andaluz, el decreto-ley que modifica el proceso de escolarización y adapta la admisión del alumnado a la reforma educativa del Gobierno, que se aplicará en el próximo curso 2021-2022.

El objetivo de este acuerdo, es "salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente".

La Consejería, liderada por Imbroda, que pertenece a Ciudadanos, se compromete a impulsar, antes de que finalice el periodo de sesiones que ha comenzado hoy, "los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".

Aboga por establecer "un sistema transparente de información a los padre a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".

A principios del año pasado se produjo una polémica a nivel nacional a raíz de la implantación del "pin parental", defendido por Vox, en Murcia, e incluso el Ministerio de Educación envió un requerimiento al Gobierno murciano para que lo retirara de la normativa educativa.

En Andalucía, el "pin parental", aunque no se usó esta denominación, fue una de las propuestas que Vox logró introducir en el acuerdo con PP y Ciudadanos para apoyar los presupuestos de la comunidad, aunque entonces el consejero Javier Imbroda argumentó que la normativa ya daba cobijo para que los padres pudieran decidir.