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El Gobierno andaluz (PP-Cs) y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han llegado a un acuerdo unánime este jueves para la ley de Función Pública, cuyo texto se debatirá ahora en las mesas sectoriales antes de que vuelva al Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión al Parlamento.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha anunciado en comisión parlamentaria este acuerdo, que ve como "un paso importantísimo para una ley muy necesaria", por lo que ha agradecido "la disposición para consensuar" a los tres sindicatos.

Bendodo espera que el respaldo alcanzado en la mesa general para la ley se traslade también a la Cámara autonómica y signifique también el apoyo de todos los grupos para aprobar el texto.

La futura ley regulará las potestades, por primera vez, en una norma autonómica de carácter general, de forma alineada con la jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo.

Se trata de un concepto estricto, que otorgue seguridad jurídica y garantía a la actuación de los empleados públicos y al mismo tiempo flexible, de cara a permitir la colaboración del personal laboral en las funciones auxiliares que no supongan ejercicio estricto de potestades, ha informado la Junta.

Asimismo, regulará la Dirección Pública Profesional para profesionalizar la dirección pública y lograr el mejor funcionamiento de la Administración.

Los puestos de directivo público serán de dos clases, directivo alto cargo, nombrado por decreto de Consejo de Gobierno y rango de Dirección General o inferior; y directivo funcionario de carrera o laboral fijo, reservados a personal funcionario de carrera o laboral fijo y que dependerán de los puestos directivos alto cargo.

La futura Ley también regulará el teletrabajo, desarrollará la carrera horizontal y en las ofertas de empleo público garantizará un 25 % de plazas para la promoción interna.

Entre otras medidas, se regulará la evaluación del desempeño; creará órganos permanentes para la selección del personal y regulará los concursos con una modalidad de abierto y permanente.

Además, se va a crear un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal y también se creará el Grupo B, al que se accederá con el título de Técnico Superior, en una apuesta por la formación profesional.

En cuanto a las medidas de carácter social, la futura Ley de Función Pública incluirá la aprobación de Planes de Igualdad, a la par que garantizará los medios para la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar.

También se garantiza expresamente la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y se incorporan los cupos de reserva del 10 % para personas con discapacidad, una mejora considerable respecto a mínimos que marca la normativa estatal de carácter básico (7 %).