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La UGT-Andalucía ha defendido hoy su honorabilidad como organización con 131 años de historia, ya que el sindicato no ha sido procesado, "sino 14 personas, de las que sólo tres son exdirigentes", por un presunto fraude de 40,7 millones en los cursos de formación.

En un comunicado, el sindicato realiza "aclaraciones" a lo que considera "informaciones tendenciosas que buscan confundir a la opinión pública y demonizar el trabajo de una entidad honorable con 131 años de historia" relativas a la decisión del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla de procesar al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y a otros tres altos cargos, junto con diez empresarios, por presuntamente defraudar 40,7 millones destinados a cursos de formación.

Uno de los cuatro ex altos cargos, el histórico dirigente de la UGT-A Manuel Pastrana, no se sentará en el banquillo al sobreseer el juez la causa contra él por padecer una enfermedad.

La UGT-A hace hincapié en que se trata de un auto y no una de sentencia, por lo que pide que se respete la presunción de inocencia de los procesados, y , además, precisa que el informe en el que se basa el auto "no realiza mención alguna a los términos fraude, desvío de subvenciones o malversación, como tampoco menciona que la conclusión es que hubiera desvío de cantidades correspondientes a la subvención para otros fines ajenos a la propia ejecución del los programas".

Igualmente, alega que el "informe pericial en el que se basa se suscribe al carácter subvencionable de un gasto, una cuestión totalmente administrativa y no penal".

Esta organización sindical ha denunciado que llevan "seis años sufriendo por la Administración Pública un acoso desproporcionado donde las decisiones que se han tomado han sido siempre las más lesivas hacia UGT, provocando una indefensión que, además, se ha visto agravada con la entrada en este año del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía", del PP y Cs.

En este sentido, ha abundado en que es "injusto que se solicite el reintegro completo del dinero recibido -la Junta le reclama la devolución de ayudas de formación recibidas en el 2007- porque esto significaría que durante esos años ningún representante sindical ha realizado ninguna actividad" y ha argumentado que es "fácil demostrar los procesos electorales en los que UGT ha participado y ganado, los órganos en los que participa, las campañas realizadas, los cursos impartidos y el asesoramiento jurídico y laboral ofrecido".

Ha advertido de que "no van a seguir permitiendo este atropello" y ha afirmado que "ha llegado la hora de solicitar responsabilidades a los poderes públicos y a los medios de comunicación que se han hecho eco de manera interesada y malintencionada de informaciones, algunas sin contrastar y la mayoría sin objetividad".

El caso instruido por el juzgado 9 de Sevilla se inició hace unos siete años tras varias denuncias de empleados del sindicato por el uso de facturas falsas para supuestamente pagar gastos corrientes del sindicato con subvenciones recibidas de la Junta para cursos de formación entre el 2009 y el 2013, por lo que el juez ha procesado a catorce personas -al excluir a Pastrana por enfermedad- de los delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil.