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El grupo energético y tecnológico Abengoa ha minimizado la representación de los accionistas que han presentado una demanda judicial de suspensión cautelar del plan de reestructuración, y ha confirmado que sigue ultimando las condiciones para el cumplimiento del acuerdo.

Abengoa sostiene que los reclamantes, que piden también en su demanda una junta extraordinaria para exigir la dimisión del Consejo de Administración, no alcanzan el centenar y que el porcentaje del capital social que representan es "muy inferior al que están atribuyéndose".

Entretanto, este martes acaba el plazo para la firma del acuerdo de reestructuración financiera por los bonistas titulares de las emisiones del NM2, Convertible de Abenewco 1, Senior Old MOney y Junior Old Money.

Agrupados en la plataforma AbengoaShares, este colectivo dice aglutinar a 1.200 pequeños accionistas de Abengoa, con el 14,5 % de las acciones de la compañía.

En una carta abierta a los trabajadores, afirman que el actual equipo gestor, presidido por Gonzalo Urquijo, no es "capaz de salvar a la compañía" y señalan que en los últimos años "ha solucionado los problemas con decenas de ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) y más de 15.000 despidos".

La dirección les ha acusado, en un comunicado, de "poner en riesgo la única opción posible y viable para la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo".

En esa línea, recuerda que el plan de reestructuración cuenta no sólo con el apoyo de las administraciones central y autonómica, sino también con el de las instituciones y entidades financieras, así como con el apoyo expreso de los sindicatos.

Reitera asimismo que ha contado, como es preceptivo, con las aprobaciones correspondientes de las distintas Juntas generales de Accionistas celebradas, en particular la del 28 de marzo 2019.

Abengoa se reafirma en que el acuerdo de refinanciación es "fundamental para resolver la delicada situación que atraviesan sus negocios, como consecuencia de la ausencia de liquidez y avales que están afectando de manera severa a los mismos, haciendo muy difícil su viabilidad".

Tras acusar a este grupo de realizar declaraciones que "no responden a la realidad" y que son "gravemente perjudiciales para los intereses de la empresa y sus diferentes grupos de interés", la compañía defiende que ha "mantenido siempre relaciones transparentes y abiertas" con sus accionistas e inversores.

Por último, señala que "cumplirá, como no puede ser de otro modo, todos sus requerimientos accionariales en el marco de las normas y de los propios estatutos sociales".