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La fiscal jefe de Dos Hermanas (Sevilla), María de los Ángeles Calvo, ha denunciado la "sordera" que existe con los deseos de las personas mayores, lo que provoca que se decida por ellos, se les ingrese en residencias "con la mejor intención" y que acaben "atados" a una silla y a una cama.

Calvo, especialista en protección de personas vulnerables, ha explicado en una entrevista con Efe que, habitualmente, "no se tienen en cuenta" los deseos de las personas mayores y son sus familiares los que deciden por ellos, en muchos casos abusando de la figura de la incapacitación.

"Te has acostumbrado a decidir por él, has decidido que su mejor sitio es una residencia, que la mejor manera de protegerlo es con un cinturón, y todo este mecanismo proteccionista buenista, hecho con la mejor intención, termina con un señor atado a una silla, de ahí a la cama y luego a la silla", resume la fiscal.

Calvo insiste en que quiere denunciar un proceder basado en que no existe dinero ni suficiente personal para atender a las personas mayores en las residencias y tampoco cualificación profesional "adecuada".

Las sujeciones se basan en un protocolo autorizado por el médico y los familiares, aunque finalmente se hace un "uso abusivo" que la fiscal relaciona con la "falta de personal y de centros adecuados, de dinero", porque reitera que no ha percibido "una situación de menosprecio o de falta de respeto".

Las declaraciones de la fiscal jefe se producen días después de que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación anunciara que inspeccionará las catorce residencias para mayores con titularidad de la Junta ante el "olvido y falta de implantación" de medidas como informes detallados sobre el cumplimiento de los requisitos impuestos por la inspección.

"No existe por parte de nadie, en ningún ámbito, una atención dirigida a escuchar" a las personas mayores, resalta la fiscal jefe de Dos Hermanas, que tiene abiertas unas diligencias previas respecto a una residencia y ha hecho visitas sorpresas a otra para conocer cómo es la atención a los residentes.

Calvo sostiene que quiere levantar la voz con las personas mayores para que ocurra igual que con los menores y las víctimas de violencia de género, ámbitos en los que ha trabajado y que no tenían "voz" hasta que se han producido denuncias reiteradas de la atención que tenían desde el sector público.

Tras unas jornadas de formación, comprobó que las personas mayores sufrían "auténticos maltratos tanto institucionales como familiares, que se encuentran ocultos".

También constató que no se les tiene en cuenta y que la sociedad decide por ellos con la "mejor voluntad y buenismo, que puede ser muy peligroso".

"Lo primero es escucharles, luego liberar a la familia", explica la fiscal antes de pedir acabar con "el mito de que la familia tiene que asumir la carga de una persona que tiene demencia. No creo en la institucionalización del cariño".

Calvo pide que se planteen alternativas desde los ámbitos públicos para la atención a las personas mayores, de las que destaca que tras trabajar y producir durante toda su vida, tienen derecho a percibir una ayuda, preferentemente en sus domicilios, lo que quizás sería más barato que las residencias, apunta.

Además de la hipoteca invertida, propone un servicio social específico con profesionales de esos ámbitos o una figura de intermediación entre las personas mayores.

Otra de sus quejas se refiere a la ausencia de centros específicos, lo que provoca que estén juntas personas mayores, "seas esquizofrénico, tengas demencia o una limitación del tipo que sea".

Respecto a los procedimientos de incapacitación, potestad de la Fiscalía, considera que se hacen en exceso, de una forma "aún muy automática", y cree que se deben acometer para "proteger el interés de esa persona, pero no de los demás", precisa antes de indicar que, a veces, se les tiene que proteger de sus propios familiares.