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La Facua-Consumidores en Acción ha presentado quince medidas para prevenir alertas alimentarias como la de la listeriosis mediante la modificación de la normativa estatal, autonómica y municipal y la dotación de más recursos humanos para los cuerpos de inspección de las Administraciones.

Se trata de peticiones que la asociación considera "urgentes" por las "carencias que tiene la legislación a nivel estatal, autonómico y municipal", que pueden desembocar "en crisis de tanta gravedad" como la de los productos contaminados con Listeria de la empresa sevillana Magrudis (La Mechá), la cuál, a juicio de la Facua, "podría haberse evitado si la normativa y los protocolos de control no tuviesen tantos agujeros".

Para la Facua, las empresas alimentarias deberían contar con un seguro de responsabilidad civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio, cuya existencia y renovación anual sería supervisada por las autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma.

También pide la asociación que se cree un fondo de garantía mediante el que las empresas alimentarias tendrían que aportar al Ministerio de Sanidad una cantidad dimensionada sobre la base de su volumen de ventas para cubrir indemnizaciones en los casos en que se sobrepasen las cuantías establecidas en los seguros de responsabilidad civil.

La Facua reclama que las asociaciones de consumidores representativas y los ayuntamientos sean incorporados a la red de alerta alimentaria para garantizar que reciben la información al mismo tiempo que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Además las empresas dedicadas a la fabricación o importación de alimentos deberían informar a través de sus páginas web de las alertas alimentarias que sean decretadas sobre sus productos.

Igualmente, los establecimientos minoristas y hosteleros tendrían que informar mediante cartelería de las alertas alimentarias decretadas sobre alimentos que hayan servido al público desde el momento en que tengan conocimiento de las alertas.

Los cuerpos de inspectores deberían dimensionarse sobre la base del número de empresas existentes, y los ayuntamientos deberían informar con carácter inmediato a las autoridades sanitarias de las solicitudes de licencias de actividad o la presentación de declaraciones responsables por parte de empresas alimentarias para que verifiquen si cuentan con los debidos registros sanitarios y las incorporen a sus protocolos de inspección.

Según la Facua, las autoridades sanitarias deberían informar a los ayuntamientos de las solicitudes de registros sanitarios que formulen las empresas alimentarias, y las administraciones sanitarias y agroalimentarias deberían cruzar sus datos periódicamente para verificar que las empresas alimentarias están dadas de alta en sus respectivos registros.

La asociación también pide regular los plazos de inspección a las empresas, que los laboratorios a los que las empresas alimentarias encarguen analíticas estén obligados de comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria los resultados positivos en cualquier riesgo biológico y que el número de muestras de alimentos que sea según la base del número fabricantes, mayoristas, establecimientos minoristas y de hostelería existentes en sus respectivos territorios.

También pide la Facua la publicación de todas las resoluciones sancionadoras, que el registro sanitario contenga información sobre la categoría de la empresa en función del riesgo y sobre las inspecciones y controles que se realicen y que se revisen los protocolos de control epidemiológico.