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La jueza María Núñez Bolaños, que instruye casos relacionados con los ERE e investiga otras macrocausas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha vuelto al trabajo después de permanecer un mes de baja.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la magistrada se ha reincorporado oficialmente este miércoles a su despacho, aunque en los últimos días ya estuvo allí para preparar las alegaciones a la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La baja de Núñez, que sustituyó a Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción hace cuatro años, se produjo el pasado 18 de junio y su relevo provisional ha sido José Ignacio Vilaplana, Juez de Adscripción Territorial que llegó al juzgado en febrero de 2016 para liberarla de carga de trabajo y encargarse de asuntos ordinarios.

Durante su ausencia, la Audiencia de Sevilla ordenó la reapertura de una causa archivada por Núñez, la de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, al estimar parcialmente el recurso presentado por el PP contra el auto en el que la magistrada sobreseía la pieza principal del caso, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos.

Núñez, que ha vuelto al trabajo con muletas porque sufrió un esguince de tobillo durante su baja, también instruye causas como la del uso irregular de tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha conducido otras como la de los avales de la agencia pública IDEA, que archivó el pasado 27 de mayo en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Esa misma Fiscalía, a instancias de los seis delegados que tiene en Sevilla, presentó a mediados de junio una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ por "la desatención y el retraso injustificado" de la magistrada en el tratamiento de macrocausas y piezas separadas de los ERE.

La denuncia puede ser archivada antes incluso de llegar a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, aunque la jueza también se expone a sanciones que van desde una multa de 501 euros a la suspensión, el traslado a otro juzgado a no menos de 100 kilómetros de Sevilla o la separación de la carrera judicial.