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Caritas atendió a 5.600 personas sin hogar en Andalucía durante el pasado año, cuyo perfil responde en términos generales a un hombre español, soltero, de entre 36 y 60 años, con estudios primarios y que en casi la mitad de los casos lleva más de cinco años viviendo en la calle.

Estos datos han sido ofrecidos por Cáritas con motivo de celebrarse el próximo 31 de octubre el Día de las Personas Sin Hogar, por lo que esta organización han presentado la campaña '¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege'.

Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía, ha destacado el papel que están desempeñando los sistemas de cuidados y protección actuales, de lo que ha dicho que "no están siendo ni suficientes ni adecuados para proteger a las personas que venimos acompañando".

Por esta razón, esta entidad de la Iglesia quiere poner de manifiesto con esta campaña la importancia del derecho humano a la protección social y aboga por acciones encaminadas a la superación de estas situaciones de exclusión y a su prevención.

Pérez de Ayala ha denunciado que la Administración, además de trabajar en clave asistencial, lo está haciendo con "graves déficits que impiden poder llevar su labor a cabo" y ha lamentado que tres de cada cuatro solicitudes de Ingreso Mínimo Vital han sido rechazadas.

Ha asegurado que el procedimiento de la dependencia es interminable y que los procesos para acceder a los servicios sociales continúan siendo "excesivamente complejos", por lo que muchas personas desisten de solicitar ayudas en ellos y lo hacen en entidades del tercer sector que ofrecen respuestas "más inmediatas a situaciones que así lo requieren", ha subrayado.

Según el presidente, en Cáritas constatan escenarios donde el sistema de protección social no ha cumplido su función y que en el periodo de pandemia se han acentuado, situación -ha proseguido- que vulnera los derechos de este colectivo, sobre todo en materia de vivienda, salud, formación y empleo, y los servicios sociales.

Entre las carencias más importantes destaca la escasez de vivienda social, la deficiente atención en la salud mental de estas personas o la dificultad en el apoyo de altas hospitalarias que requieren de cuidados domiciliarios cuando no existe vivienda habitual.

El informe detecta el difícil acceso a programas de búsqueda activa de empleo o la escasa existencia de empleos protegidos y acceso ocasional a empleos precarios.

En cuanto a los servicios sociales comunitarios, Pérez de Ayala ha comentado que, desde la irrupción de la pandemia, el acceso a los mismos se ha visto aún más limitado.

"La brecha digital, los requisitos exigidos para solicitar una prestación, como estar empadronado o tener una cuenta bancaria, los complejos trámites administrativos y los lentos plazos de resolución, muestran precisamente lo que estamos denunciando, un sistema de protección que no protege, dejando en un laberinto sin salida a personas que quedan poco a poco absolutamente fuera de nuestra sociedad", ha denunciado. EFE

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