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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha resaltado la necesidad de que haya "menos pleitos y más posibilidades de acuerdo" en los divorcios a través de la mediación para evitar un "dolor innecesario" en los menores y reducir el "colapso" del sistema judicial.

En la presentación en el Parlamento de un informe especial relativo a los 21 equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia, Maeztu ha preguntado "hasta cuándo podrá soportar el sistema judicial semejante colapso" debido a los denominados "divorcio de plomo", de "especial virulencia".

Los portavoces de todos los grupos políticos en el Parlamento (PSOE, PP, Cs, Adelante Andalucía y Vox) han coincidido en resaltar la necesidad de que se potencie la mediación, y también han cuestionado por qué no acaba de extenderse en el ámbito del derecho de Familia.

En los divorcios, ha lamentado Maeztu, el sistema judicial debe solucionar un conflicto que los progenitores no han sabido evitar y obligan a los juzgados a decidir sobre aspectos "elementales" o "triviales", como si el menor hace deporte o dónde se viste para la Primera Comunión.

Estos menores, ha dicho, quedan "estigmatizados" en los divorcios tras ser "arrastrados" por sus progenitores para ser explorados por los equipos psicosociales, lo que se les afecta en un futuro en el colegio, en su salud mental e incluso en el ámbito penal.

"¿De verdad necesitamos las vías judicializadas para definir las relaciones paternofiliales tras una ruptura sentimental?", ha preguntado el Defensor antes de indicar que "urge" potenciar la mediación.

"Lo que necesitan estos menores no es una sentencia, es una solución", ha zanjado Maeztu tras considerar un "error" trasladar al sistema judicial "lo que las partes, mejor que nadie, pueden resolver".

Tras su intervención, los portavoces de los distintos partidos han coincidido en que se debe mejorar la labor de los equipos psicosociales de la comunidad, de los que el Defensor ha resaltado su desigual distribución territorial, la falta de una "carta de servicios", el exceso de externalización de informes, la demora en su emisión y las quejas sobre su colegiación.

Maeztu ha matizado que estos equipos psicosociales no son las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), y ha precisado que están compuestos por un profesional de la psicología y un trabajador social.

Una vez expuesto el informe sobre estos equipos, elaborado entre mayo de 2017 y junio de 2018, la portavoz del PSOE Sonia Gaya ha lamentado que la mediación "falla" y ha pedido una mejora en la atención a los menores con más coordinación entre distintos departamentos, como el de Educación.

Bruno García de León, del PP, por su parte, ha destacado que hay "carencias amplias" en la labor de estos equipos así como las diferencias de metodologías que se aplican, lo que no favorece la "seguridad jurídica" de sus resoluciones, que tienen gran influencia en los jueces.

Por parte de Ciudadanos, Raúl Fernández, ha coincidido en las críticas del PP y ha añadido que se carece de una base de datos y de una evaluación del servicio, mientras que Maribel Mora, de Adelante Andalucía, ha reprochado la "lentitud" de los informes y ha pedido que los servicios externos contratados sean solo "puntales", y la diputada de Vox Ángeles Mulas ha reclamado más juzgados y agilidad.