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El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado en el juzgado de instrucción casi un centenar de contratos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) por "indicios más que suficientes" de haber sido realizados al margen de la ley y con "nepotismo", según este sindicato.

Estos contratos abarcan desde la creación de FAFFE, en el 2003, hasta su disolución en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el año 2011, y el SAF considera que se realizaron "sin procedimiento alguno, sin que mediara convocatoria previa publicada" y obviando "los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad".

La denuncia del SAF destaca las responsabilidades que tuvieron en estas contrataciones directivos de la FAFFE como Fernando Villén Rueda, director general técnico; Antonio Jiménez Cuenca, director de Recursos Humanos y José Manuel Cano Rosa, jefe de Administración de Personal.

Entre los contratos denunciados destaca el del exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres García, contratado "por el mero hecho de haber dejado la alcaldía y no disponer de otro medio de subsistencia, para garantizarle una fuente de ingresos sin necesidad siquiera de que a cambio hubiese de prestar servicio alguno en la institución contratante".

Para el SAF, esta contratación podría acarrear delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

También denuncia los casos de Eduardo Cabeza Rodríguez, concejal tránsfuga del PP en Camas (Sevilla) contratado en FAFFE tras apoyar al socialista Rafael Recio para que accediera a la alcaldía de este municipio.

Otros contratos "muy significativos" entre los casi cien denunciados con los de Fernando Villén, director general técnico de la FAFFE y secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, investigado por el uso de tarjetas de crédito de la FAFFE y denunciado por la contratación de su esposa, Concepción Ben Fernández; su cuñado, Antonio José Ben Fernández, y su sobrino, Manuel Villén Nogales.

El SAF destaca también los casos de Francisco Javier Guerrero Benítez, director general de Trabajo y Seguridad Social, por la contratación de sus amigas y paisanas María José y Rocío Sayago Gómez; Antonio Rivas Sánchez, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por la contratación de sus sobrinas, Ana y María Dolores Cardero Rivas; Rocío Villegas Rivas y su sobrino José Manuel Villegas Rivas.

Lourdes Medina Varo, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, ha sido denunciada por la contratación de su cuñado Rafael Brugarolas Sanz; Agustín Barberá Salvador, viceconsejero de de Empleo, por la contratación de su cuñada, Irene Olozábal Pérez; María José Cañete Acosta, coordinadora general de la Consejería de Empleo, por la contratación de su hermano, Francisco Cañete Acosta.

Irene Domínguez de la Rosa, jefa del Servicio de Personal de la Consejería de Empleo, ha sido denunciado por la contratación de su hermano, Antonio Domínguez de la Rosa.

En todos estos casos, estos funcionarios, "valiéndose de su posición de prevalencia en la Consejería de Empleo, en la que ocupaban altos cargos, influyeron o presionaron hasta imponer a las autoridades contratantes su deseo de contratar a sus familiares en la citada Fundación", según FAFFE.

"Podemos afirmar que todas ellas se llevaron a efecto por nepotismo o por clientelismo político, con desprecio absoluto del ordenamiento jurídico y son presuntamente constitutivas de infracción penal", ha destacado un comunicado del SAF.

En opinión de este sindicato, los directivos de FAFFE que ha identificado en esta denuncia incurrieron presuntamente en un delito continuado de prevaricación, ya que los contratos incumplieron los requisitos de publicidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

El SAF considera que "se resentiría la confianza que el ciudadano tiene en las instituciones y, particularmente, en la Justicia, si ésta no actúa ante casos tan graves y escandalosos como el denunciado".