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El Tribunal Supremo ha rebajado de cuatro a dos años de cárcel la condena impuesta a un jefe de laboratorios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) que pactó con el jefe de ventas de un proveedor el pago de 114.000 euros por un material que "nunca llegó".

En una sentencia fechada el 18 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, la Sala Segunda de lo Penal estima parcialmente el recurso de casación presentado por el acusado contra la sentencia dictada el 9 de mayo de 2018 por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que lo condenó a tres años por falsedad en documento mercantil cometida por funcionario y otro año por fraude a la Administración.

El Supremo lo absuelve del fraude y deja la pena en dos años de prisión y 3.000 euros de multa porque no lo considera autor de la falsedad documental, sino inductor de este delito pero cometido por un particular y con la agravante de prevalerse del carácter público de su puesto.

El alto tribunal sí confirma íntegramente la pena del otro condenado, jefe de ventas de VWR International Eurolab en el sur de España, que pagará 2.040 euros de multa por falsedad documental con la atenuante muy cualificada de confesión.

El principal acusado era jefe de la Unidad de Calidad de Aguas y del Laboratorio de Control de Calidad Ambiental y, como tal, autorizaba el pago de las facturas de los materiales para los tres laboratorios que dirigía, así que "con él contactaban casi de forma exclusiva los proveedores o empresas privadas".

La Audiencia consideró probado que, "en el ejercicio de las funciones inherentes a su puesto de trabajo", quiso adquirir a VWR un espectrómetro de masas para el laboratorio de Motril en 2013.

La empresa, "ante los atrasos reiterados" en pagos anteriores, no aceptó el encargo "a no ser que fuera abonado por adelantado", por lo que el encausado concertó con el jefe de ventas "la simulación de un suministro de material que nunca se entregó, por un importe de 114.344,08 euros", es decir, lo que valía el espectrómetro.

Para ello, el empleado de VWR emitió tres facturas y el funcionario autorizó el pago a principios de 2014 "a sabiendas de que los suministros no se habían recibido y que el importe iba ser destinado a cubrir el precio del espectrómetro no entregado".

En marzo de 2015, el jefe de ventas contó los hechos a la jefa de la Línea de Operaciones de Control Ambiental, la superior del funcionario en la Agencia, y le facilitó la documentación, y VWR reintegró el dinero al mes siguiente.

El acusado alegó que no cometió la falsedad en el ejercicio de su cargo y el Supremo, si bien replica que en el momento de los hechos era funcionario, matiza que actuó como "inductor" porque "no expidió las facturas, sino que las pagó o autorizó", de modo que el autor de la falsedad fue el jefe de ventas.

El Supremo también lo absuelve de fraude porque "no había intención de defraudar" a la Administración, sino de conseguir el espectrómetro "de forma urgente", para lo cual "adelantó un pago" correspondiente a otros materiales que "se simulaba haber recibido, cuando no fue así".

"Era consciente de que debía pagar antes para recibir la mercancía que quería e ideó un mecanismo para pagar por algo que decía haber recibido", prosigue el tribunal, que destaca que la Administración "no fue defraudada".