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La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha denunciado las "excusas" de los condenados por los ERE "tratando de eludir su responsabilidad", ya que "todos los responsables de la Junta de Andalucía eran conscientes de lo que estaba sucediendo con los ERE", que "no eran "irregularidades sino patentes ilegalidades".

Esta es una de las principales conclusiones del informe que los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar han expuesto este jueves en la vista pública ante la Sala de lo Penal del Supremo para revisar la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política de los ERE.

Prieto ha denunciado que "todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo, la ayuda se concedía sin fiscalización, de que esa partida no era correcta ni adecuada".

Así, ni uno solo de los más de 200 expedientes que obran en la causa cumplieron uno solo de los requisitos sujetos a la subvención, ya que "no existió procedimiento" y los "expedientes no estaban en el sistema informático", sino que "estaban en un limbo".

NO SON IRREGULARIDADES SINO PATENTES ILEGALIDADES

El fiscal ha relatado el recorrido de la ayudas: "No había ningún tipo de documentación, se limitaban a pagar, no había casi ni una sola resolución, no consta solicitud, no se aporta presupuesto desglosado, no se aporta declaración responsable, no se aporta memoria que acredite razones de interés social, no consta autorización de concesiones por parte del Consejo de Gobierno".

Como tampoco -ha continuado- había bases reguladoras de las ayudas ni publicidad, por lo que "era inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las ayudas" hasta el punto de que "se privó de acceder a las ayudas un importante numero de empresas en situación de crisis, que no llegaron a enterarse de que existían", ha añadido el otro fiscal Rafael Escobar.

Y aun así, ha afirmado Prieto, "ninguno de los responsables de la Junta hizo caso a los informes adiciones de la Intervención" que dicen que "se ha prescindido del procedimiento" y que lo que detectan "no son irregularidades sino patentes ilegalidades".

LOS CONDENADOS PONEN EXCUSAS PARA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD

"Todos eluden su responsabilidad y nadie hace nada" cuando "estos informes van a cuatro consejerías", ha dicho el fiscal, para quien "esto no es viable en una correcta administración" y lo peor es que "esto sucede durante 10 años".

Los fiscales han recordado que muchos de los condenados se han cansado de decir que no fueron advertidos "pero si no hay que advertir, esto era tan notorio que saltaba a la vista. Es imposible que esto pasara desapercibido en 10 años y nadie dijera nada".

Para Prieto, "no puede ser que esto se reduzca a que no soy el responsable de la legalidad presupuestaria, necesariamente tenían que saber y eran conscientes de que se estaba presupuestando mal", al mismo tiempo que era "responsables de los gastos", ya que "no se puede permanecer inerte o pasivo cuando se produce la ejecución del gasto, todos son excusas tratando de eludir su responsabilidad".

Todo ello se ejecutó a partir de un sistema creado con las transferencias de financiación, aprobadas luego por el Parlamento e incluidas en la ley presupuestaria, de las que luego derivaban las ayudas directas en cuestión, que solo servía para equilibrar los resultados de ganancias/perdidas pero no para subvenciones, porque la normativa vigente ya tenía otro procedimiento reglado para ello.

"No hay norma que permita las transferencia de financiación para el pago de subvenciones, sino que está expresamente prohibido", por tanto si se modificó el sistema de concesiones de las ayudas fue "para evitar cualquier tipo de control". "Esa es la trampa"

GRIÑAN EJECUTÓ LA SALIDA DE FONDOS PÚBLICOS

El fiscal Escobar ha respondido a la tesis de la defensa del expresidente de la Junta Manuel Chaves de que los acuerdos de gobierno no son resoluciones que entren en el delito de prevaricación, ya que "puede ser una actuación política la decisión de otorgar subvenciones pero todo el iter que hay que recorrerse hasta que se concede es acto reglado".

Ha explicado que "la falta de una pieza haría que ese dinero no llegara al final" por tanto "toda la tramitación del expediente era prevaricadora" ya que "se parte de una ilicitud que se mantiene hasta el final".

Y eso lo ha vinculado con la malversación, porque " los condenados por este delito, por los cargos que ocupaban eran tan necesarios para que el iter de la malversación continuara hasta el final que podían en cualquier momento desligarse de la actuación".

"No lo hicieron. Todos con esa actuación relevante contribuyeron hasta el final", entre ellos el expresidente de la Junta y entonces consejero de Economía, Jose Antonio Griñán, quien como los restantes condenados "desde sus puestos estratégicos, conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos" año tras año.

Por su parte, el letrado del PP, que ejerce la acusación popular y cuyo escrito de impugnación se limitó a adherirse al fiscal, ha pedido confirmar las condenas ante el "fraude" que supuso "un sistema ideado que dejó fuera de control 800 millones repartidos sin filtros ordinarios y creo una especie de angulo muerto que dejó a la inspección fuera de control"

La sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, para evitar cualquier influencia en los comicios, como es tradición en el Supremo.