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Los okupas que hayan sido sancionados o condenados por ocupación ilegal no podrán acceder en Andalucía a una vivienda de protección oficial (VPO), en virtud de una modificación legal aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, que espera que contribuya a reducir las ocupaciones.

Esta nueva medida contra la ocupación ilegal de viviendas prevé determinadas excepciones para familias en situación de vulnerabilidad extrema -siempre que sea avalado por los servicios sociales-, según ha avanzado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

"La ocupación es un problema", ha asegurado Carazo, a la vez que ha sostenido que es un motivo de "preocupación" no sólo para los propietarios de viviendas, sino para los andaluces en general "por los problemas de convivencia que genera".