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Más de 100 organizaciones han remitido una carta al presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al de Derechos Sociales en la que exigen que acabe con los cortes de luz que estos días se están produciendo por al menos 12 barrios en España.

En un comunicado, estas asociaciones recuerdan que las administraciones han de garantizar el derecho a una vida digna, que pasa por el derecho al suministro eléctrico.

En la misiva denuncian el posicionamiento de las administraciones públicas del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas "rindiéndose ante un discurso simplista, desoyendo sus obligaciones con la ciudadanía y alejándose de la protección de los derechos fundamentales".

Recuerdan que las compañías eléctricas han dejado sin suministro de manera permanente o repetitiva a distintos puntos del territorio español, como a La Cañada Real (Madrid), el Distrito Norte (Granada), Font de la Polvora (Girona), El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), de Sant Roc (Badalona), el Polígono Sur, El Cerro del Águila, El Tardón y Torreblanca (Sevilla) o Culubret (Figueres).

Mientras tanto -denuncian- las compañías aumentan sus beneficios millonarios, suben el precio de la luz un 27 %, son señaladas por posibles violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y cientos de familias son privadas de sus derechos fundamentales al carecer de suministro.

Para las asociaciones que firman las cartas, las administraciones públicas "asumen y comparten" el discurso de las eléctricas que "vinculan la ausencia de suministro con el cultivo de marihuana".

En este sentido, las entidades sociales critican que "las eléctricas tienden a criminalizar y responsabilizar a los vecinos y vecinas de estos barrios, dejando al margen del discurso factores como la ausencia o antigüedad de las infraestructuras eléctricas en estas zonas o su obligación de garantizar un servicio a sus clientes".

Por ello, sostienen que "la explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando, pero criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social, y resulta profundamente injusto y estigmatizador".

Recuerdan que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado varias veces al respecto de los argumentos expuestos por las compañías eléctricas y las administraciones, expresando que resultan "falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia".

Y que distintos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han afirmado que "la falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación".

Sin embargo, lamentan que "a pesar de la crítica situación en la que se encuentran miles de familias por los continuos cortes de suministro eléctrico, las administraciones públicas siguen sin preocuparse por la salud, la vida digna y el bienestar de las familias de estos barrios".

Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido también al Ejecutivo que frene la subida del precio de la luz y que introduzca medidas que permitan contener el incremento en los recibos que tienen que pagar las familias.

Considera que el Gobierno no puede quedarse "de brazos cruzados" ante esta situación y debe mediar y establecer mecanismos para proteger a los consumidores, por lo que pide que se revise el sistema de fijación de precios de la electricidad para tratar de evitar que en los periodos de gran consumo energético como el actual, dicho impacto suponga un coste extraordinario para los ciudadanos.