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Ocho de cada diez enfermeros han sido agredidos mientras desempeñaba su labor asistencial y de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario, según recoge una encuesta del sindicato de enfermería Satse, que indica que cerca de la mitad lo han sido hasta en cinco ocasiones y casi un 15 por ciento más de 10.

De acuerdo a este estudio, el 75,96 por ciento de las enfermeras andaluces consultados ha sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias, puñetazos) o verbal (amenazas, vejaciones, insultos) a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes o familiares.

El mayor porcentaje de enfermeras andaluces agredidas se ha registrado en los servicios de atención hospitalaria, ya que hasta en el 57,47 % de los profesionales que trabajan en este ámbito asistencial aseguran haber sido víctimas de una o más situaciones de violencia hacia su persona.

Del porcentaje de enfermeras agredidas en Andalucía, el 46,08 % lo ha sido hasta en 5 ocasiones, el 28,94 en una única ocasión, el 10,27 entre 6 y 10 ocasiones y el 14,71 % en más de 10 ocasiones.

En los dos últimos años, marcados sanitariamente por la pandemia de la covid-19, han sufrido algún tipo de agresión el 66,53 por ciento de las enfermeras andaluzas.

Asimismo, los profesionales de enfermería piensan que el ambiente laboral en los centros sanitarios y sociosanitarios de la comunidad autónoma, así como la relación con los pacientes, ha empeorado en los dos últimos años, tal y como manifiesta el 76,79 por ciento de los consultados.

Al preguntar por el tipo de agresión sufrida, teniendo en cuenta que un tipo de agresión no excluye a otra y que una misma persona puede sufrir distintos tipos de agresiones incluso dentro de un mismo acto de violencia, se constata que, mayoritariamente, son los insultos (82,07 %) y las amenazas (73,60 %) las formas más frecuentes de agresión, seguidas de las vejaciones (27,55 %).

En lo referido a las agresiones físicas, estas las han sufrido el 14,88 por ciento de los encuestados.

Según el Satse, se trata de datos "muy graves y alarmantes" que deberían hacer actuar de manera conjunta, coordinada y eficaz a todas las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas, teniendo como referente una Ley estatal que luche contra esta grave lacra que afecta especialmente al colectivo de enfermeras por su relación más estrecha y cercana con el paciente y sus familiares.