EFEJosé María Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria

Cuando Lluis Companys proclama el Estado Catalán el 6 de octubre de 1934, el Consejo de Ministros de la II República no solo reacciona deteniendo a todo su Gobierno, sino que abre una revisión a fondo de las competencias que acaba de trasferir a Cataluña. Cientos de documentos sobre lo que ocurrió a partir de entonces acaban de regresar a España desde París: son las cuentas del 'otro 155'.

Verano de 1937: la ofensiva sobre Brunete, al oeste Madrid, se ha estancado, es un baño de sangre inútil que apenas ha detenido unas semanas el avance de los sublevados sobre Vizcaya, Cantabria y Asturias y las plazas del norte comienzan a caer como fichas de dominó ante las tropas de Franco, los aviones de la Legión Cóndor y el Cuerpo de Tropas Voluntarias de la Italia fascista.

Hay una desbandada en el frente del norte y miles de personas buscan refugio en Cataluña, que se mantiene leal a República.

Los rigores de la guerra acucian, el gasto que asume la Generalitat se dispara. El Gobierno de Companys, repuesto tras la victoria electoral del Frente Popular en 1936, se dirige al presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, para pedirle más financiación. Las transferencias de 1933-34 han quedado desbordadas.

Negrín tiene otras prioridades. El lema de "resistir es vencer" se ha convertido en la divisa que guía todo su mandato y él antepone la esperanza de victoria sobre los sublevados a cualquier otra cuestión. No obstante, hace muy poco que ha dejado de ser ministro de Hacienda y tiene la autoridad -y el conocimiento- suficiente para armarse de documentos a fin de contestar a la Generalitat.

EL ARCHIVO VIAJERO

Ese es el contexto que explica que hace dos años aparecieran en el sótano de la casa de los Negrín en París miles de documentos relativos a la Generalitat previos a la Guerra Civil, olvidados en un baúl que se quedó atrás, tras montones de libros, cuando en 2013 todo el archivo del líder republicano regresó a Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal, para ser confiado a la custodia de la Fundación que lleva su nombre.

La Agencia EFE ha podido hojear, en primicia, los expedientes con unos 15.000 folios que acaban de llegar a Gran Canaria, unos documentos que, como los 153.000 que los precedieron, han tenido un periplo de lo más azaroso.

"De Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, luego estuvieron guardados en la mina Canta, en el Pirineo, de ahí salieron a Francia, a Pau, de donde los trasladaron a Marsella para entregárselos al cónsul de México", relata de corrido José Medina, presidente de la Fundación Juan Negrín.

Gracias a México, Negrín recuperó su biblioteca y el archivo de la II República en 1945 se mudó primero a Andrésy y, cinco años, después a París, en la que fue la última residencia antes de su muerte, en 1956. Allí quedaron guardados durante décadas entre la protección y el olvido, hasta que su nieta, Carmen Negrín, decidió que volvieran a España para arrojar luz sobre episodios que hasta entonces habían sido narrados básicamente desde una óptica, la de los vencedores.

La Batalla del Ebro, los años finales de la Guerra Civil y la controversia sobre el "oro de Moscú" tienen desde entonces otra fuente documental de primer orden, que historiadores de todo tipo siguen explorando: el archivo del último jefe de gobierno de la II República. Ahora se han unido expedientes sobre dos apartados claves en la biografía de Negrín: las relaciones con Cataluña y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

LAS PRIMERAS TRANSFERENCIAS

Un equipo liderado por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Miguel Pérez acaba de comenzar a digitalizarlos, catalogarlos y estudiarlos.

Son miles de documentos procedentes de la Comisión Mixta -ya entonces tenía ese nombre- que transfirió a Cataluña las competencias previstas en su Estatut y, lo más importante, que negoció y fijó su valor. Materias como el traspaso de la Aviación Civil, las Carreteras, la Beneficencia, determinados impuestos y hasta la Guardia Civil (que estuvo bajo el mando administrativo de la Generalitat) aparecen descritas con minuciosidad contable, con inventarios que detallan inmuebles, objetos, empleos... Al céntimo.

Por ejemplo, recogen cómo la Generalitat reclama 864.449,28 pesetas adicionales para hacerse cargo de la Guardia Civil: 640.457,16 por el aumento de plantillas que cree necesario y 223.992,28 por "tanto por ciento sobre gastos no normales". Lo firma José Puig d'Asprer, presidente de la Comisión Mixta de Traspasos.

La sistemática se repite con el resto de traspasos. Pero Negrín guarda también otras carpetas, procedentes del Gobierno de Alejandro Lerroux (1933-1935).

La CEDA acaba de entrar en el Gobierno, se desata la huelga general revolucionaria y, a las 20.10 del 6 de octubre de 1934, Companys proclama desde el balcón de la Generalitat el Estado Catalán dentro de la "República Federal Española". Solo dura diez horas, entre las 6.00 y las 7.00 se arresta a los miembros del Govern y a varios diputados, Josep Tarradellas entre ellos.

EL ANTECEDENTE DEL ARTÍCULO 155

Lerroux no solo detiene a los miembros del Govern, sino que suspende con carácter indefinido la autonomía de Cataluña, destituye a la Generalitat, nombra un gobernador y pone en marcha lo que parece una recentralización: "la Comisión Revisora de los Servicios traspasos a la Generalidad de Cataluña". Es el antecedente de la activación del artículo 155 de la Constitución de 1978 que tantas crónicas políticas citaron en los momentos álgidos del "procés".

Las actas y trabajos de esa Comisión Revisora también están en los papeles que Carmen Negrín acaba de enviar a Gran Canaria, junto con reclamaciones concretas de la Generalitat conforme va recuperando sus funciones, como la de que se le devuelva la gestión de los aeródromos, que han sido puestos bajo mando militar.

En estas llega la victoria electoral del Frente Popular, el regreso de Companys a la Generalitat y el golpe militar de julio de 1936 que desata la Guerra Civil, que en Cataluña es aplastado en sus inicios no solo por las instituciones republicanas, sino por una combinación de milicias sindicales y políticas que reciben armas y deciden emprender una revolución que supere la Constitución de 1931, recuerda José Miguel Pérez, director de la Cátedra Negrín.

EL PROCESO AL POUM

Es la semilla de lo que sucederá tiempo después: los llamados "Hechos de Mayo de 1937", una guerra dentro uno de los bandos de la Guerra, en la que grupos anarcosindicalistas se enfrentan a tiros contra la República en Barcelona, con el apoyo del POUM. El líder de este partido, Andeu Nin, es detenido y desaparece mientras está oficialmente preso. Lo torturan y lo matan. Y sus colaboradores son juzgados por traición.

En la nueva remesa de papeles hay una carpeta azul con este cartel: "Documentos del proceso a los dirigentes del P.O.U.M."

Dentro, no solo están la sentencia (que descartará la traición y rebajará lo ocurrido a rebelión, lo que salva del fusilamiento a sus protagonistas), sino las transcripciones de los interrogatorios a los detenidos: Enrique Adroher "Gironella", Juan Andrade, Pedro Bonet, Julián Gómez "Gorkin", Jorge Arquer, Daniel Rebul y José Escuder.

Les achacan su actividad política, pero, sobre todo, "la perturbación constante de la retaguardia leal al Gobierno" a través de "La Batalla", el periódico que "Gorkin" dirige en Barcelona. Los cargos del fiscal contra ellos: espionaje y alta traición.

Pérez asegura que, hasta el momento, no ha encontrado mención alguna que apunte a que Juan Negrín interfiriese en ese proceso, ni mucho menos que ordenara o tolerara el secuestro y asesinato de Andreu Nin, que historiadores como Gabriel Jackson atribuyen a agentes de la URSS, en una suerte de "sapo" de hechos consumados que el líder republicano se tuvo que tragar para no abrir una brecha con su principal aliado bélico, Moscú, según esta versión.

Sin embargo, sí hay numerosas cartas dirigidas a su Gobierno por sindicatos, militares a título particular, unidades enteras del Ejército, organizaciones políticas... pidiendo a Negrín represalias contra el POUM. El más suave le demanda firmeza, los más acalorados, le exigen directamente "la eliminación de los traidores". EFE

jmr/eaf

(foto) (vídeo)