EFELas Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado a Puertos Canarios un plazo "improrrogable" de cinco días para que le informe de los motivos por los que no le ha remitido aún "el complemento del expediente administrativo" sobre la ampliación del muelle de Agaete que le ha reclamado.

El letrado de la administración de Justicia David Peña especifica en su diligencia del pasado 25 de febrero que Puertos Canarios debe indicar en ese plazo la "autoridad o empleado" responsable, y le hace saber que, en caso de no efectuar las alegaciones que considere oportunas, se le impondrá una multa coercitiva.

Esta sanción oscilará entre los 300 y 1.200 euros, que será reiterada cada veinte días hasta el cumplimiento del informe referido; aunque contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días ante la Administración de Justicia.

La plataforma Salvar Agaete destaca en su comunicado que con esta resolución su estrategia legal contra el "Macro Muelle" ya está dando "los primeros frutos".

En opinión de este colectivo ciudadano la diligencia "confirma la estrategia de ocultación de Puertos Canarios y del propio Gobierno regional, que ha negado en todo momento el acceso a un expediente que debería ser de acceso público tanto por la Ley de transparencia como por el Convenio de Aarus, de obligado cumplimiento para los países europeos".

A su juicio, el Ejecutivo canario "continúa ocultando información a la ciudadanía, se la niega a los juzgados e incluso reniega de las informaciones de la Comisión Europea, que confirman que el proyecto no ha sido formalmente seleccionado para los fondos Feder".

"Un cúmulo de mentiras que demuestran, una vez más, que el proyecto del MacroMuelle de Agaete no es del interés general de los canarios, sino que responde a intereses particulares de sus promotores", concluye la nota de Salvar Agaete. EFE

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