EFECorralejo (Fuerteventura)

Políticos, trabajadores y representantes de la cadena Riu se han concentrado este viernes para salvar los 400 puestos de trabajo del Hotel Oliva Beach, ubicado en Corralejo (Fuerteventura), y han acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de “falta de voluntad” para tramitar la autorización de su reforma.

La concentración, a la que se ha sumado el senador autonómico, Fernando Clavijo (CC), se produce días después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya iniciado un expediente para anular la concesión del dominio público marítimo terrestre otorgada en 2003.

El portavoz de la plataforma “Salvar el Oliva Beach”, Adrián Fernández, ha tildado de “injusta” la actitud del Ministerio después de que lleven desde finales de 2017 esperando la autorización de reforma, a la vez que ha asegurado que se sienten “maltratados” por cómo los trata en las reuniones “de forma educada, pero como a niños”.

El representante de la empresa, Rafael Giráldez, ha puesto el foco en el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y en la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, a los que ha asegurado que “les ha faltado empatía y voluntad” a la hora de solucionar el problema.

Precisamente, un informe de la Abogacía del Estado daba luz verde, a principios de este año, para que se pudiera llevar a cabo la reforma del hotel ante la falta de causas para parar el proyecto de mejora.

Las quejas de Giráldez se han unido a las de su compañero del comité de empresa, Olegario Umpiérrez, que ha acusado a Transición Ecológica de llevar a cabo “un abuso total hacia la empresa y los trabajadores” y ha recordado que, por este motivo, hay empleados que han necesitado ayuda psicológica mientras otros muchos no saben cómo salir adelante con sus hijos.

Asimismo, ha reclamado al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que vaya a “Moncloa a dar una patada” ante el empecinamiento del Ministerio, a la vez que ha solicitado a los ocho parlamentarios majoreros que “bloqueen los próximos presupuestos”.

La abogada de Riu, Águeda Borges, ha recordado que esto no es “solo una reivindicación de una empresa que trata de posicionarse sino un sitio que da empleo a 400 familias” y da apoyo a la economía del municipio.

Asimismo, la abogada ha recordado que la cadena disfruta de una concesión, a la vez que ha matizado que se trata de “un tema de legalidad en un estado de derecho”.

Con respecto al expediente de la autorización de obras, ha aclarado que “todo está contestado y ahora estamos esperando a que se haga un nuevo informe complementario por parte del Ministerio”.

A su juicio, la terminación legal de la incoación es que “la archiven” y eso es “lo que tiene que ocurrir, pues no son requisitos esenciales y no se cumplen” y, además, “conocemos muchas concesiones otorgadas por el Ministerio firmadas por la directora general que siguen criterios distintos”, por lo que todo esto “raya lo punible”.

Durante su intervención, el senador autonómico, Fernando Clavijo, ha abogado por la necesidad de que todas las fuerzas de Canarias transmitan “unidad” ante esta “injusticia”.

Clavijo ha insistido en que “no hay necesidad de revisar la concesión” y ha matizado que “si Costas tiene algún problema sobre las obras a ejecutar, lo que debe es informar sobre cuál es el problema para que la empresa lo modifique”. Por último, ha coincidido en que el asunto del Oliva Beach arrastra “una falta de voluntad política”.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, se ha unido a las críticas de los presentes ante una falta de respuesta del Ministerio que, a su juicio, ha desarrollado una actitud de “falta de respeto a la inteligencia de la empresa y trabajadores”.

El consejero de zona atlántica de Riu, Félix Casado, se ha comprometido a “pelear hasta la saciedad” para que el hotel se reforme y ha insistido en que la concesión se dio “de forma totalmente legal y con la condición de que el hotel se reformara y para ello nos pusieron un canon de dos millones de euros anuales”. Precisamente, ayer se notificó el pago del primer semestre. EFE