EFELas Palmas de Gran Canaria

¿Compensa a un consumidor litigar contra un banco que realiza prácticas usurarias si finalmente, aun ganando el pleito, hay que pagar los gastos del proceso? Es la pregunta que un juez canario ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al observar un potencial desequilibrio en las normas españolas que regulan esos procesos.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha planteado ante la Corte europea una cuestión prejudicial en referencia al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) española, que establece que en los litigios en los que se termine el pleito por "satisfacción extraprocesal" -por acuerdo entre las partes- el órgano judicial decretará la terminación del proceso "sin que proceda la condena en costas".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado, el magistrado Juan Avello Formoso ha decidido elevar al TJUE esa consulta, inédita hasta la fecha en España, al abordar el litigio iniciado por una consumidora de Las Palmas de Gran Canaria contra los supuestos abusos de una tarjeta "revolving", como denominan en el sector una tarjeta de crédito de pago aplazado que establece unos intereses superiores al 20 %, que el Tribunal Supremo español ya ha calificado en varias sentencias como "usurarios".

El juez ha paralizado el pleito hasta recibir respuesta de la Justicia europea al constatar que, en este caso, la entidad financiera había seguido la estrategia de solucionar el litigio por la vía de la satisfacción extraprocesal tras no contestar a varios requerimientos previos de su cliente, con lo que se ahorraba la condena al pago de las costas procesales,

Entiende el juez que esta norma española choca frontalmente contra la Directiva Europea 93/13, que reconoce al consumidor "el derecho de acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin aplicar".

Considera Avello Formoso que es preciso que el TJUE determine "si la limitación que permite el derecho procesal estatal en relación a la no condena en costas en los casos de satisfacción extraprocesal es compatible con el principio de efectividad"; es decir, explica, "se trata de determinar si la norma, por sí misma (el artículo 22 de la LEC) hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio judicial de los derechos que el derecho europeo concede a los consumidores".

Y ello, porque entiende que "supone una limitación al consumidor cuyo derecho ha sido reconocido", dado que debe "asumir el coste económico del pleito provocado por una actuación antijurídica del profesional”.

Subraya que esta aparente injusticia se hace más patente cuando, como sucede en el caso que tiene que resolver, el consumidor había planteado a la entidad crediticia requerimientos previos para que cesase en su actividad usuraria "sin que tales requerimientos fueran atendidos en su momento, en términos de tener que asumir las propias costas procesales, lo cual no parece razonable".

Por eso, pregunta a la Justicia europea: "¿Constituye esta regulación procesal española un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a un control judicial efectivo de carácter potencialmente abusivo de la cláusula contractual contraria al principio de efectividad y a los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13?". EFE