EFELeón

Decenas de bomberos forestales se han concentrado este miércoles en León como protesta por la sanción impuesta por Tragsa a su compañero Pablo González, a quien ha suspendido dos días de empleo y sueldo por difundir información sobre los trabajos de extinción de un incendio forestal en Gran Canaria a "Leonoticias".

La concentración ha tenido lugar frente a la sede del Grupo Tragsa en León, donde un portavoz de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) ha remarcado el trabajador sancionado se limitó a informar como representante laboral del avance y las peculiaridades de las labores de extinción de los incendios en esa isla.

Los brigadistas han exigido a Tragsa que rectifique y levante la sanción impuesta a su compañero, y han anunciado que recurrirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para poner freno a la "mordaza" que se les intenta poner y que se garantice su derecho a la libertad de expresión.

A la concentración se ha sumado el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien ha calificado la sanción de "injusta e inconcebible", y ha lamentado que "cosas así pasen en el siglo XXI".

El Grupo Tragsa suspendió dos días de empleo y sueldo a Pablo González por difundir información sobre los trabajos de extinción de un incendio forestal en Valleseco, en Gran Canaria, al diario digital "Leonoticias" sin haberlo consultado previamente, lo que se consideró "falta grave".

Tragsa recordó que su convenio colectivo precisa que "dadas las particularidades del servicio es necesario guardar el secreto profesional respecto de todas las informaciones relativas al Servicio de extinción de incendios forestales que se conozca con motivo del desempeño de su actividad laboral", sin autorización expresa.

La Asociación de Trabajadores de la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (ATBRIF), de la que González es presidente, ha remarcado las declaraciones las realizó en sus horas de descanso, como portavoz de la entidad y representante legal del colectivo de brigadistas.

Tragsa señaló que los trabajos de extinción los llevaba a cabo en el marco del servicio para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, confirmó que la sanción se debe a que "no consultó previamente a ningún responsable de ambas entidades", lo que le hizo incurrir en una falta grave según el convenio colectivo.

En este sentido, la ATBRIF ha defendido que las citadas declaraciones "ni expresan ni muestran ningún secreto o confidencialidad que no se pueda consultar en otros medios de comunicación, así como del funcionamiento de las BRIF que se puede consultar en la web del propio Ministerio". EFE