EFELas Palmas de Gran Canaria

La Audiencia de Las Palmas juzgará este martes a la sargento jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Lanzarote, que se expone a una posible condena de seis años de cárcel por haber acusado a un subordinado de avisar a los cazadores furtivos de pardelas de una redada que se iba a hacer en Alegranza.

La Fiscalía sostiene que la sargento Gloria Moreno denunció ante sus superiores a un guardia bajo su mando como posible filtrador de los furtivos "a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad", por lo que demanda que sea condenada a cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial.

Bajo el mando de Moreno, los agentes del Seprona en Lanzarote emprendieron hace años una serie de campañas para intentar acabar con la caza ilegal que se venía realizando desde tiempo atrás en los islotes del Parque Natural del Archipiélago Chinijo contra una ave marina protegida que anida en la zona, la pardela cenicienta.

Sin embargo, en varias ocasiones sus intervenciones resultaron fallidas, lo que llevó a la sargento a sospechar que alguien podía estar avisando a los furtivos y a recurrir a medios ajenos al Seprona, como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, para organizar sus siguientes operaciones contra ese tipo de prácticas.

Fue el caso de la redada que se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2015, cuando un dispositivo coordinado por Gloria Moreno consiguió sorprender en el islote de Alegranza a una docena de personas comiéndose un guiso elaborado con pardelas, lo que derivó en un juicio por delito contra el medio ambiente que ya tiene sentencia.

El pasado mes de mayo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife (Lanzarote) condenó a diez a las personas que se encontraban ese día en Alegranza a la máxima multa prevista por el Código Penal para quien cace especies protegidas: 24 meses de sanción, modulados en este caso con una cuota diaria de doce euros (8.240 euros de sanción para cada uno de los condenados).

El juicio que se celebra este martes conecta directamente con esos hechos, porque uno de los condenados en esa sentencia, Juan Carlos González Berriel, supuestamente se habría librado de una redada realizada dos años antes, en 2015, gracias a un chivatazo.

La sargento Moreno contó a sus superiores que un investigador del CSIC que trabaja en Alegranza había puesto en su conocimiento que González Berriel le había dicho que un guardia del Seprona de Lanzarote le había avisado de que se iba a hacer esa inspección.

La jefa del Seprona en Lanzarote pidió explicaciones al subordinado señalado como supuesto filtrador, quien le reconoció que era amigo desde hacía tiempo de González Berriel y que en alguna ocasión le había dicho que "cualquier día se iba a llevar un susto y le iban a pillar" cazando pardelas. Pero el guardia negó haberle avisado de la inspección del verano de 2013.

La Fiscalía considera que ese relato acusador de la sargento Moreno contra su subordinado contiene "afirmaciones mendaces" y que su autora lo elevó a sus superiores "a sabiendas" de su falsedad.

El guardia señalado como chivato de los cazadores furtivos de pardelas fue investigado tanto por la Guardia Civil como por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, sin que en ninguno de los dos procedimientos se encontrasen pruebas para imputarle irregularidad alguna, añade el Ministerio Público.

Ahora, este agente, Miguel Ángel Padial, ejerce la acusación particular contra Moreno y pide para ella seis años de cárcel por delitos de falsedad y calumnias.

La Guardia Civil ha abierto varios procedimientos disciplinarios en los últimos años contra la sargento Gloria Moreno, procedimientos que la plataforma constituida para defenderla y las asociaciones ecologistas consideran una represalia por sus medidas contra el furtivismo, que habrían incomodado a empresarios y personas influyentes en Lanzarote, siempre según su versión.

A su vez, la suboficial se ha querellado ante la justicia militar por acoso al sus dos superiores inmediatos a la fecha de los hechos, el coronel Ricardo Arranz (jefe de la Guardia Civil en Las Palmas en aquellos momentos) y el capitán Germán García (jefe de la compañía del cuerpo en Teguise), y también contra el guardia supuestamente implicado en la filtración a los furtivos.

El Juzgado Militar Central número 2 ha admitido a trámite hace unas semanas su querella. EFE