EFEPuerto del Rosario (Fuerteventura)

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), ha lamentado que se le someta la "pena de telediario" y a una "condena pública constante sin haber sido juzgado", después de que se haya hecho público que la Fiscalía solicita para él cuatro años y tres meses de prisión por un asunto que atañe a su etapa como concejal en Pájara.

El Ministerio Fiscal demanda para Acosta cuatro años y tres meses de prisión por presuntos delitos de administración desleal (un año y nueve meses de prisión) y de insolvencia punible ( dos años y seis meses de cárcel), presuntamente derivados de su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa).

Visiblemente enfadado, el presidente majorero ha comparecido este mediodía en rueda de prensa en el salón de plenos del Cabildo de Fuerteventura para arremeter duramente contra la supuesta filtración del escrito de Fiscalía del que se han hecho eco los medios de comunicación de toda Canarias.

El socialista majorero ha enfocado su intervención en denunciar la supuesta filtración y en acusar a aquellos que están intentando deteriorar su imagen y manchar su "trayectoria política con artes y formas nada correctas para lograr lo que no han sido capaces de hacer por medios legítimos: las votaciones ni elecciones".

Acosta ha lamentado haberse tenido que enterar por los medios de comunicación del escrito del Ministerio Fiscal, un documento que, según el socialista, ni él, ni su abogada, ni la procuradora tenían "constancia alguna", hasta que se ha publicado en los medios de comunicación.

El presidente del Cabildo ha asegurado que con este supuesto trasvase de información "se ha roto la cadena de custodia de documentos públicos, una cuestión muy importante porque se rompe la confianza de las instituciones", por lo que espera que "se actúe en consecuencia".

En este sentido, Acosta ha anunciado que pedirá a la juez que instruye el caso que averigüe dónde han podido ocurrir las filtraciones de "un escrito que ni él ni sus representantes legales tienen constancia".

Asimismo, ha adelantado que dará instrucciones a sus abogados para "exigir todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales a quien sea necesario para garantizar su legítimo derecho como ciudadano a la presunción de inocencia".

Acosta ha dicho, además, que se siente sometido a una persecución durante sus casi 18 años de ejercicio de cargos públicos, que le ha llevado a que lo relacionaran en 2007 con el caso "Faycán" en Telde, además de otras dos causas dadas a conocer en 2015 y 2019, poco antes de las elecciones.

Por último, ha recurrido a un informe pericial que, según el presidente majorero, obra en el sumario del "caso Gesturpa", entre cuyas conclusiones no figura que se detectan irregularidades en la contabilidad de la empresa pública.

El socialista majorero fue administrador único de la empresa pública de Gestión Urbanística de Pájara, creada originariamente para la construcción de vivienda pública en el municipio, durante su etapa de concejal de Urbanismo en este ayuntamiento.

Blas Acosta ha insistido en que Gesturpa siempre fue una entidad "mancomunada" en la que él era "el administrador político y en la que había unos contables economistas que hacían la contabilidad de la empresa y también unos contables que hacían la auditoria".

En su escrito de cargos, el Ministerio Fiscal solicita la apertura de juicio oral contra Blas Acosta y enumera una serie de presuntas irregularidades en 2012 que desencadenaron en una deuda cifrada en casi dos millones de euros tres años después, en 2015, cuando cesó al frente de Gesturpa.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, se llevó a cabo una serie de "conductas ilícitas" a pesar de que sabía que la empresa municipal "incurría en causa legal de disolución" y "se encontraba en una situación de inminente insolvencia".

En concreto, la acusación sostiene que Acosta "formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales" de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, "aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables".

El 27 de marzo de 2012 la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, "con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica".

Ese préstamo se concedió para el pago de deudas "que no figuraban en la contabilidad" de Gesturpa. Además, la Fiscalía le atribuye otros hechos delictivos como el abono en 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, "por cuenta de un tercero al que luego nunca le reclamó el pago".

De esta manera, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en 2011 a casi dos millones de euros en negativo en julio de 2015 cuando Acosta cesó.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario finalizó la instrucción del "caso Gesturpa", el pasado mes de septiembre resultando como único acusado Blas Acosta.

Su defensa impugnó el auto del Juzgado que estableció la culminación de las diligencias previas, que se iniciaron en 2015, y el pase de la causa a la fase de procedimiento abreviado. EFE